La Audiencia provincial reabre el caso Proincove

Desestima los argumentos de la constructora y dan continuidad al procedimiento

07/05/2020 19:03 | Begoña Cisneros

La entrega del expediente del caso Proincove a la Fiscalía provincial de Burgos, por parte del grupo Sí Se Puede Aranda (ahora Podemos) en 2017, sigue dando frutos. Después de que el juzgado número 1 de Aranda diera en octubre de 2019 un primer carpetazo al procedimiento abierto los integrantes de este grupo municipal, los únicos que han acudido a la Fiscalía con el fin de depurar lo que pasó, acudieron a la Audiencia provincial, desde donde se reabrió de nuevo el proceso. Por parte de los abogados de la empresa constructora Proincove se registraron tres impugnaciones y, ha sido hoy cuando hemos conocido que las tres han sido desestimadas dando continuidad, por tanto, al procedimiento.

Una noticia que ha sido gratamente acogida por el grupo de Podemos, que en todo momento ha anunciado que seguirían hasta el final con el único objetivo de depurar responsabilidades a una denuncia de la promotora que derivó en el pago por parte de las arcas municipales de más de 7 millones de euros para pagar una sentencia por una ocupación de terrenos de la que no se sabe quién cometió el error.

Ha sido a primeras horas de la tarde cuando los abogados, que Podemos están costeando para que lleven el caso, han confirmado esta desestimación por parte de la Audiencia provincial de las tres impugnaciones que registraba la parte defensora de Proincove y de su responsable, Mariano Velasco. “Eso significa que por tanto nos dan la razón en cuando a que tiene que seguir la investigación, que seguirá adelante reabriéndose el caso al considerar los posibles indicios de delito”, señalan desde el grupo municipal, en espera de que ahora se pronuncie al respecto el juzgado de instrucción.

 

Un largo resumen de una larga historia

La historia del famoso caso Proincove se iniciaba en 1999 cuando dio comienzo el proyecto del acondicionamiento de las riberas de los ríos. Lo inició la entonces concejal de IU Concha Rollizo y no fue hasta cuatro años más tarde cuando el Ayuntamiento de Aranda, al mando de Ángel Guerra como alcalde, consiguió firmar un convenio con el Ministerio de Medioambiente para llevarlo a cabo. Soledad Romeral y Azucena Esteban eran en ese momento las concejales de Obras y Medio Ambiente respectivamente.

El proyecto comenzó y, sin saber aún cómo ocurrió, se ocuparon unos terrenos junto al río Arandilla, en el barrio de Santa Catalina, que no se expropiaron debidamente. La empresa dueña de los mismos reclamó lo ocurrido sin que obtuviese respuesta alguna por parte del Ayuntamiento hasta que acudió a los tribunales. Mientras tanto, el Ayuntamiento (en este momento gobernaba el PSOE con Luis Briones de alcalde y Eusebio Martín como concejal de Obras) elaboró una valoración de los terrenos cuantificada en 4 millones de euros, mucho más alta que su valoración en el mercado.

Regresó a la alcaldía el PP, con el primer mandato de Raquel González como alcaldesa y el concejal del PCAL José Ignacio Díez en Urbanismo, y otros dos mandatos al mando de González, esta vez con Alfonso Sanz a cargo de la concejalía de Obras.

Podemos, Sí Se Puede Aranda en su momento, cumplía su promesa electoral de 2015 que aseguraba su intención de trabajar para conocer qué era lo que había ocurrido con el caso Proincove.Apenasl un año después de saltar al panorama político arandino,  en el mes de junio de 2016, tras recabar toda la información que pudo sobre el caso entregó el expediente a la Fiscalía de Burgos para dar paso a una investigación que llevó el Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda.

Sólo cuatro personas de todas las implicadas acudieron a testificar: Primero lo hizo el empresario de Proincove Mariano Velasco, a continuación el director técnico del proyecto, y más tarde el que fuera concejal de Urbanismo en 2007, Eusebio Martín, cuando se inició un procedimiento al advertir lo que estaba ocurriendo, que una empresa constructora avisaba de un escrito que presentó dos años antes dando a conocer que se había ocupado una parte de un terreno de su propiedad sin respuesta alguna. El cuarto en compadecer ante la juez fue Ángel Guerra, el que fuera alcalde en el mandato justamente anterior. Él quien aseguró desconocer el escrito que Proincove registró en 2005 avisando de lo que sucedía y que él básicamente se limitó a  firmar como primer edil el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero para llevar a cabo el proyecto de adecuación de las riberas.

Entendiendo que no existió delito de información privilegiada ni de tráfico de influencias, el juzgado número 1 de Aranda daba en octubre de 2019 un primer carpetazo al procedimiento, pero en Podemos se mostraron  convencidos de que se trata de un tema que ha perjudicado a los vecinos de Aranda y, dispuestos a proseguir en su lucha, recurrieron la decisión judicial. La contestación a este recurso llega ahora de manos de la Audiencia provincial.

La intención de Podemos pasa por que se vuelvan a valorar las peticiones que aportó en su día. Y es que de la larga lista de nombres que presentaron para testificar sólo han sido cuatro los que lo han hecho. “Creemos, desde nuestro punto de vista como ciudadanos, que tenemos que continuar porque seguimos pensando que hay que dar con los responsables”, aseguraba el portavoz de Podemos a finales de 2019.