La balanza de la justicia

Los asuntos de proincove y la plaza de toros han dado que hablar en los últimos días en página de Tribunales

21/07/2020 7:30 | SUSANA GUTIÉRREZ

Cuando hace unos años, un juzgado decidió inhabilitar al alcalde de un pequeño municipio por una prevaricación urbanística. Cundió la sorpresa. Había concedido en Villalba una licencia de obras saltándose la normativa urbanística. Él argumentaba que lo había hecho en un gesto de ayuda porque era una pareja joven a quien le caducaba la cuenta vivienda. También todas las voces políticas decían que era algo que se hacía habitualmente en los pueblos pequeños, para fijar población e impulsar el medio rural. Puede que fuera así, o quizás no, pero incumplía las normas y un vecino se sintió agraviado y la ley le amparaba. Emprendió una cruzada judicial que terminó con una inhabilitación de siete años como cargo público. De ahí llegaron muestras de apoyo político, peticiones de indulto, algo impensable, por otra parte. Finalmente, la resolución se ejecutó a regañadientes y ese alcalde terminó alejado de la política.

Fue un caso en el que se llegó hasta el fondo, a llevar el cumplimiento de la ley a rajatabla y, lo que para muchos no era nada, la justicia dijo que era un delito de prevaricación urbanística. Hablo de este tema para enlazar con otras dos diligencias que investigan presuntos delitos en Aranda y que están de actualidad. Sin entrar a decir si hay delito y o no, lo que sorprende es la prisa que tiene la justicia para dar carpetazo a los temas prácticamente sin profundizar. A lo mejor, tras estudiar a fondo el asunto, se puede llegar a concluir que no hay delito, solo mala gestión; o puede que sí. Daría una sensación de mayor tranquilidad y confainza en la justicia, poder palpar en el ámbiente que se quiere llegar al fondo.

La Audiencia Provincial ordenó a la magistrada del juzgado número 1, reabrir la investigación del denominado asunto de Proincove. Esa parcela inundable en la ribera del río Arandilla, que a primera vista no vale nada y por la que el bolsillo de todos los arandinos ha pagado la friolera de ocho millones de euros. Calculadora en mano, nos toca a unos 240 euros por barba. Se llamó a declarar, hace más de un año, al propietario de la parcela como investigado. Además, testificaron quien fuera alcalde del PP, Ángel Guerra, y el ex concejal de urbanismo socialista, Eusebio Martín, que aparecen como los nombres políticos más vinculados en la tramitación del expediente. También pasó por el juzgado el ingeniero de Obras Públicas quien redactó el proyecto y no deparó en que el terreno era de propiedad privada y se iba a ocupar ilegalmente. La jueza escucha y da carpetazo. La Audiencia ordena la reapertura y pasa a llamar, está vez como investigados, a otro exalcalde (PSOE), Luis Briones y a la exconcejala Mar Chamorro. ¿Se volverá a archivar?

Por otra parte, en el juzgado de al lado, a finales de la semana pasada, nos encontramos con otro archivo, prácticamente sin indagar ni investigar sobre un asunto que incomoda. Se trata de la denuncia por una presunta prevaricación urbanística por la concesión de la licencia de apertura del coso. Un proceso que afecta a la alcaldesa, Raquel González; al concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz y a dos exconcejalas, Azucena Esteban y Mari Ángeles Marín, quienes concedieron el permiso en una reunión de la junta de gobierno local en septiembre de 2014. La jueza llama a declarar a dos trabajadores como testigos, el arquitecto municipal y la letrada urbanista, pero desoye las peticiones de la Fiscalía. El Ministerio fiscal había solicitado la declaración de los cuatro políticos en calidad de investigados para que, dice textualmente, “puedan dar explicación oportuna sobre los hechos denunciados, así como aportar la documentación que a su derecho convenga”. No se les llama a declarar, incluso cuando los testigos (técnicos municipales) han aludido a falta de informes, de inspección urbanística y obras sin terminar. Se archiva y ahora será la Audiencia quien tendrá que decidir si se reabre o no. En conclusión, extraña lo que queman en las manos algunos temas, los que tienen que ver con la gestión política, y las ganas que hay por deshacerse de ellos. Si son pequeños municipios es otra cosa.