La Junta advierte que sus decisiones buscan la máxima protección del menor

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Gerencia de Servicios Sociales de Burgos ha salido al paso de la noticia publicada ayer en nuestro periódico, en el que una familia denunciaba la actuación de la administración al negarle contactar con su hija, tutelada por la Junta, por teléfono. Como respuesta, manifiestan que “ como órgano competente en materia de protección a la infancia y en función de las competencias que legal y reglamentariamente tiene atribuidas”, a la administración “le corresponde acordar motivadamente y con observancia del procedimiento legalmente establecido la declaración y asunción de su tutela por ministerio de la Ley cuando constate que un menor o una menor se encuentra en situación de desamparo”.
 
Advierten que la situación de desamparo se declara “siempre conforme a criterios objetivos que jamás se deducen de opiniones personales o interpretaciones subjetivas”.  Además, añaden, cada medida de protección tomada en esta Entidad Pública es puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, “que supervisa y fiscaliza todas y cada una de dichas acciones”.
 
Señalan desde la Junta que cualquier decisión que se toma no tiene otro fin que la defensa del interés superior del menor “y no de las familias o de terceros”. Por último, reiteran que la apreciación imparcial queda garantizada cumpliendo el procedimiento legalmente establecido y por la intervención, en su caso, de la Administración de Justicia, dado que las resoluciones tomadas por esta Entidad Pública en materia de protección a la infancia son recurribles ante la jurisdicción civil.”
 
La noticia aparecida ayer suscitó numerosos comentarios que ya han sido borrados por su intencionalidad de dañar a personas concretas que trabajan en la administración.