El TS no valorará hasta mañana el recurso del gobierno contra el adelanto del toque de queda

De momento la medida continúa vigente

18/01/2021 14:14 | Begoña Cisneros

Ha sido este lunes cuando el Tribunal Supremo ha recibido el recurso del Gobierno de la nación por el cual se solicitan medidas cautelares contra la decisión del presidente de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20 horas. Y será mañana martes cuando el alto tribunal estudie el recurso, adoptando una decisión al respecto.

Por lo tanto, y a la espera de lo que decidan los tribunales, hoy lunes continúan vigentes las medidas que adoptaba la Junta de Castilla y León el pasado viernes y que comenzaban a establecerse al día siguiente. Y mientras tanto, los ciudadanos deben saber que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, así como ocurre  con el cuerpo local, se encuentran levantando actas por incumplimiento de las nuevas restricciones, incluida la de movilidad nocturna.

La Junta de Castilla y León anunciaba el viernes su decisión de implantar las nuevas restricciones y apenas unas horas más tarde desde el Ministerio de Sanidad se ponía en duda la legalidad de la medida del toque de queda, teniendo en cuenta que a nivel nacional se establecía un horario, a elección de las comunidades autónomas, de 22 horas de la noche a 7 de la mañana.

Nuevamente la Junta habló, en este caso para mantener su decisión, toque de queda desde las 20 horas, lo que llevó al gobierno de España a acudir a los tribunales.

En Aranda, el único grupo político que ha mostrado ‘motu proprio’ su parecer al respecto ha sido el de Podemos, donde a través de un comunicado tachan al gobierno de la Junta de Castilla y León de “improvisación” en la adopción de las medidas “contraviniendo incluso la normativa nacional”. “Nos mostramos absolutamente leales a todas las medidas que contribuyan a salvar las vidas de las personas, si bien cuestionamos esta aparente aleatoriedad y arbitrariedad en el establecimiento de las mismas”, señalan.

Aprovechan su crítica para exigir “las ayudas económicas que la Junta comprometió para paliar el perjuicio económico derivado de la restricción de la actividad a causa de la pandemia”.