UGT considera que los despidos de Pascual no están justificados

Acusa a Pascual de falta de libertad sindical y a los representantes de falta de información

01/02/2021 11:59 | Begoña Cisneros

El sindicato UGT de Aranda asegura que durante los últimos 25 años no han existido en la empresa Pascual representantes sindicales de los trabajadores en el comité de empresa, asegurando que existe falta de libertad sindical; y que el comité está formado únicamente por una candidatura denominada ‘grupo de trabajadores’.

En base a esa crítica quieren salir al paso del despido colectivo que Pascual va a realizar a 137 de sus trabajadores, afectando a 45 empleados de la planta arandina. Aseguran que esos representantes de los trabajadores ha facilitado “el objetivo de la empresa de destrucción de empleo” y que la firma “ha jugado con ventaja, porque cuenta en el centro de trabajo de nuestra localidad con un Comité de Empresa dependiente y absolutamente domesticado, sin ningún tipo de capacidad de reacción, ni a nivel de negociación, movilización ni en  cuanto  a  la  impugnación  judicial  del  mismo”. 

Explican que a lo largo del proceso de negociación, que ha durado un mes, los integrantes del comité “no han informado a los trabajadores de cuestiones básicas como la  documentación  aportada  por  la  empresa  para  justificar  los  mismos  o  del contenido  de  las  negociaciones,  como  por  ejemplo,  del  número  y  clasificación profesional de los trabajadores afectados en la planta de Aranda o de los criterios tenidos  en  cuenta  para  la  designación  de  los  trabajadores  afectados  por  los despidos”.  

Les acusan a estos representantes de “absoluto   silencio   y   opacidad”,  que ha limitado  las  posibilidades  de impugnación  del  acuerdo  a  los  trabajadores individualmente afectados o a la Dirección General de Empleo  “en caso de que aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho”.

Desde UGT consideran  que  no  existe  ninguna causa  legal  organizativa  o productiva que justifique estos despidos. Enumeran  que no existe fuerza mayor ni causas económicas, técnicas u organizativas para suspender los contratos, y que no hay una correlación mínima entre las causas alegadas por la empresa que afectaban principalmente a su distribuidora (Qualianza) y el puesto de trabajo y categoría profesional de los trabajadores afectados en la fábrica arandina.

Respecto a las jubilaciones incentivadas anunciadas por  la dirección de la empresa manifiestan “que no es este el camino para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo”, terminan diciendo.