La posible modificación del impuesto de gases fluorados pone en la cuerda floja el futuro de GSK en Aranda
El PP presenta una enmienda para lograr una moratoria hasta 2029, dando tiempo a la empresa a la inversión que plantea para rebajar un 90% sus emisiones
La preocupación de la empresa GSK en Aranda de Duero con serias dudas sobre si continuará o no en el municipio es importante, según han hecho saber sus responsables al grupo popular en el Senado y a la alcaldesa de Aranda. Y es que, si el gobierno de la nación logra que se apruebe la modificación del impuesto sobre gases fluorados sería inviable, han advertido desde la empresa, continuar con la fabricación de Ventolin en España. Y por tanto en Aranda de Duero.
Teniendo en cuenta que de la planta de la capital ribereña salen anualmente unos 100 millones de unidades de este inhalador, el 40% de la producción mundial, de los que solo 7 millones son para su utilización en España, el futuro para que la firma siga apostando por Aranda como enclave de la fabricación es bastante incierto.
Ha sido el senador popular Javier la Calle, junto a su homóloga Cristina Ayala, el que ha dado a conocer el problema que puede surgir dejando en la cuerda floja a 600 trabajadores de la Ribera del Duero. Un cambio, el que ha impulsado el PSOE en el gobierno, “que genera un problema a la chita callando y por la puerta de atrás”.
Y es que, asegura, esta modificación se quiere “meter con calzador” dentro de una proposición de ley que busca una mayor transparencia en pequeñas y medianas empresas “y aprovechando que el Duero pasa por Aranda quieren incluir una modificación en el impuesto sobre los gases fluorados”.
En el ámbito general afectará a los consumidores, que se verán obligados, por ejemplo, a pagar el impuesto a la hora de comprar un frigorífico, y no sólo por la recarga del gas como ocurre en la actualidad.
Pero en el ámbito de a lo que GSK se refiere, esta modificación conllevaría una subida de entre 30 y 50 céntimos por unidad de Ventolín, según comenta Lacalle. “Nos han dicho que sería inviable fabricar en España ese producto con este nuevo impuesto, del que ahora están exentos al tratarse de inhaladores de rescate”, advierte, temiendo que la firma se planté su huida a otro país, como Francia, donde no tendría que pagar ese impuesto.
Por ello, desde el PP se ha presentado una enmienda al proyecto que pide una moratoria. El nuevo impuesto del gobierno, si saliese, comenzaría a estar vigente en enero de 2025 y lo que se solicita es ampliar esa fecha hasta cuatro años más tarde.
Se hace teniendo en cuenta que precisamente en GSK se está trabajando para realizar una fuerte inversión que permitirá renovar los equipos y máquinas de producción para reducir el 90% de las emisiones de CO2. Con ello, no existiría gravamen.
El próximo lunes se debatirán las enmiendas y la votación tendrá lugar dos días más tarde. Y conscientes de que “dentro de una semana será tarde y ahora estamos a tiempo”, desde el PP están manteniendo contacto con el resto de grupos con el fin de lograr esa moratoria.
La preocupación de la empresa GSK en Aranda de Duero con serias dudas sobre si continuará o no en el municipio es importante, según han hecho saber sus responsables al grupo popular en el Senado y a la alcaldesa de Aranda. Y es que, si el gobierno de la nación logra que se apruebe la modificación del impuesto sobre gases fluorados sería inviable, han advertido desde la empresa, continuar con la fabricación de Ventolin en España. Y por tanto en Aranda de Duero.
Teniendo en cuenta que de la planta de la capital ribereña salen anualmente unos 100 millones de unidades de este inhalador, el 40% de la producción mundial, de los que solo 7 millones son para su utilización en España, el futuro para que la firma siga apostando por Aranda como enclave de la fabricación es bastante incierto.
Ha sido el senador popular Javier la Calle, junto a su homóloga Cristina Ayala, el que ha dado a conocer el problema que puede surgir dejando en la cuerda floja a 600 trabajadores de la Ribera del Duero. Un cambio, el que ha impulsado el PSOE en el gobierno, “que genera un problema a la chita callando y por la puerta de atrás”.
Y es que, asegura, esta modificación se quiere “meter con calzador” dentro de una proposición de ley que busca una mayor transparencia en pequeñas y medianas empresas “y aprovechando que el Duero pasa por Aranda quieren incluir una modificación en el impuesto sobre los gases fluorados”.
En el ámbito general afectará a los consumidores, que se verán obligados, por ejemplo, a pagar el impuesto a la hora de comprar un frigorífico, y no sólo por la recarga del gas como ocurre en la actualidad.
Pero en el ámbito de a lo que GSK se refiere, esta modificación conllevaría una subida de entre 30 y 50 céntimos por unidad de Ventolín, según comenta Lacalle. “Nos han dicho que sería inviable fabricar en España ese producto con este nuevo impuesto, del que ahora están exentos al tratarse de inhaladores de rescate”, advierte, temiendo que la firma se planté su huida a otro país, como Francia, donde no tendría que pagar ese impuesto.
Por ello, desde el PP se ha presentado una enmienda al proyecto que pide una moratoria. El nuevo impuesto del gobierno, si saliese, comenzaría a estar vigente en enero de 2025 y lo que se solicita es ampliar esa fecha hasta cuatro años más tarde.
Se hace teniendo en cuenta que precisamente en GSK se está trabajando para realizar una fuerte inversión que permitirá renovar los equipos y máquinas de producción para reducir el 90% de las emisiones de CO2. Con ello, no existiría gravamen.
El próximo lunes se debatirán las enmiendas y la votación tendrá lugar dos días más tarde. Y conscientes de que “dentro de una semana será tarde y ahora estamos a tiempo”, desde el PP están manteniendo contacto con el resto de grupos con el fin de lograr esa moratoria.