Los parlamentarios socialistas burgaleses acusan a los senadores del PP de crear alarma en la población arandina “especulando sobre el cierre de la empresa farmacéutica GSK”, a causa de las nuevas exigencias en materia de gases fluorados “exigidas desde la Unión Europea.” “Sólo intentan generar un miedo en los arandinos y las arandinas jugando con los puesto de trabajo para sacar rédito político”, declara la diputada Esther Peña.
Por su parte, la senadora Mar Arnáiz ha expresado que “no puede compartir la forma de hacer política del PP, generando ruido e incendiando con mentiras a la opinión pública y a los trabajadores y trabajadoras de la planta farmacéutica alarmándoles innecesariamente”.
Así, aseguran que desde las propias filas socialistas se presentó una enmienda para que este impuesto, que ahora no repercute en la farmacéutica arandina, tenga una moratoria hasta 2026 incluido. No llega a la moratoria que solicita el PP, hasta finales de 2028, pero entienden que es tiempo suficiente teniendo en cuenta que la empresa GSK “lleva tiempo adaptando sus procesos de producción”. Y advierten que ha sido la propia empresa la que ha pedido esta ampliación en la moratoria para dos años más en lo que respecta a la fabricación de inhaladores.
Expresan desde el PSOE de Burgos su apoyo con las 600 familias que trabajan en la empresa arandina y aseguran que su preocupación va encaminada hacia otro lado. Al “tijeretazo que desde la Junta de Castilla y León de PP y Vox quieren hacer en ayudas a la patronal, que afectará a las PYMES burgalesas”. “Los parlamentarios populares tendrían que estar más preocupados por cómo puede afectar esto al tejido empresarial arandino y no de crear un miedo infundado para tapar sus recortes desde la administración autonómica”, ha expresado Peña.
Reglamento europeo
Recuerdan desde el PSOE que la medida que se adopta para castigar los vertidos a la atmósfera de gases fluorados que contribuyen a aumentar el calentamiento de a tierra viene dada a la propuesta de modificación del Reglamento Europeo donde a partir del 1 de enero de 2025 impone para dichos usos la obligación de satisfacer una tasa, y es a partir del 1 de enero de 2027 donde se aplican mayores restricciones.
En sus declaraciones, el PP ha querido comparar este reglamento con otros países de la Unión Europea en detrimento de España “sin explicar que este reglamento tendrá que ser implantado en todos los países miembros en las fechas determinadas, otra mentira más del Partido Popular”, ha explicado Arnáiz.
“La empresa ha mostrado el agradecimiento a las gestiones realizadas por el grupo parlamentario socialista y su satisfacción por el plazo marcado en la enmienda socialista. Lo que nos preocupa es que la alcaldesa de Aranda se preste a este juego de crear incertidumbre sin pensar de verdad en la población arandina”, termina diciendo el secretario general de la agrupación local y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Aranda, Ildefonso Sanz.
Lo cierto es que la noticia que daba este viernes ha causado bastante preocupación en los trabajadores, entendiendo que peligraría su trabajo. Esto provocó desde la propia dirección del centro arandino la emisión de un comunicado hacia sus empleados asegurando que la advertencia del PP no tenía nada que ver con la realidad.