Los bomberos vuelven a la calle por la falta de seguridad en un momento de riesgo máximo

Denuncian que el equipo de gobierno ha incumplido su compromiso y deja desprotegidos a ciudadanos y profesionales

20/07/2022 13:18 | DR

Los bomberos de Aranda volverán a manifestarse después de que el equipo de gobierno haya incumplido “una vez más” los acuerdos alcanzados para garantizar la seguridad de la población en un momento de máximo riesgo de incendios. La concentración tendrá lugar el jueves 28 de julio, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario del Consistorio. Está convocada en las puertas del Ayuntamiento, a partir de  20 horas y ya cuenta con autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El pasado 18 de junio, los bomberos de Aranda decidieron retomar los servicios extraordinarios en lo que calificaron como “un ejercicio de responsabilidad” por la llegada del verano y tras acercar posturas con el Ayuntamiento en un preacuerdo tras meses de tensiones. Hay que recordar que Aranda no cuenta con retén de urgencias desde enero de 2021 y no se tienen medios para cubrir dos salidas simultáneas, o incluso solo una de grandes dimensiones.

Los bomberos denuncian que el equipo de gobierno ha incumplido ese preacuerdo en el que se comprometían a implantar un servicio mínimo de ocho efectivos por turno, en un plazo máximo de tres semanas. Ese tiempo expiró hace diez días, y los profesionales no tienen más noticias que un informe de intervención que defiende que el Consistorio no puede asumir ese gasto. Los profesionales del cuerpo de extinción de incendios se muestran molestos por la falta de palabra del Consistorio, cuando por su parte cumplieron lo marcado desde el primer día, retomando las horas extra que habían dejado de prestar el 1 de abril para denunciar su situación de precariedad y falta de medios.

Por su parte, el equipo de gobierno se escuda en el informe del Servicio de Intervención en el que se concluye que no se puede asumir el coste de ocho bomberos por turno y considera que esa decisión podría poner en riesgo la estabilidad de la tesorería municipal y el pago a proveedores.