Expediente disciplinario para el portavoz de los bomberos con entre 4 y 12 años sin empleo y sueldo
Los compañeros muestran su repulsa con una concentración silenciosa
Entre 4 y 12 años sin empleo y sueldo es a lo que se enfrenta el representante sindical de los bomberos de Aranda de Duero. Es el resultado del expediente sancionador que el Ayuntamiento inició justamente cuando este trabajador, en nombre de sus compañeros, pidió la dimisión de la alcaldesa de Aranda y de los concejales de Seguridad Ciudadana y Personal, así como la destitución del jefe del servicio de extinción de incendios.
Con una concentración silenciosa, los bomberos arandinos han querido mostrar su repulsa ante los resultados de este expediente, que inició para siete trabajadores del servicio de bomberos y que se ha saldado con una única persona perjudicada; precisamente el portavoz y cabeza visible de los empleados, Javier Puente. Una concentración que ha contado con 14 bomberos de una plantilla que actualmente está compuesta por 28, de los cuales 6 son interinos y 4 están de baja médica.
En un comunicado, los bomberos explican que el jefe de personal del Ayuntamiento ha sido el encargado de instruir el proceso. Y que mientras que para el resto de compañeros “ha prescrito”, según la defensar jurídica, para Puente no lo ha hecho.
No entienden, por tanto, que a pesar de que se les imputaban por los mismos hechos, que se remontan al periodo 2020-2021, este trabajador no haya sido considerado como los otros seis compañeros expedientados.
En el proceso sancionador iniciado a los siete efectivos, se liberó en el mes de noviembre a cuatro de ellos “al no encontrar indicios”. Ahora, en febrero, señalan que se ha decidido que en dos casos el asunto había prescito, mientras que, al portavoz de las reivindicaciones y delegado sindical, en las mismas circunstancias, se le han imputado faltas por “obstaculización” de ejercicio de las funciones a un compañero y “desconsideración” a los superiores. El pliego de cargas contra el trabajador se emitió el día 10 de febrero y hay un plazo de diez días para presentar alegaciones contra la resolución, algo que ya se ha hecho.
Entre 4 y 12 años sin empleo y sueldo es a lo que se enfrenta el representante sindical de los bomberos de Aranda de Duero. Es el resultado del expediente sancionador que el Ayuntamiento inició justamente cuando este trabajador, en nombre de sus compañeros, pidió la dimisión de la alcaldesa de Aranda y de los concejales de Seguridad Ciudadana y Personal, así como la destitución del jefe del servicio de extinción de incendios.
Con una concentración silenciosa, los bomberos arandinos han querido mostrar su repulsa ante los resultados de este expediente, que inició para siete trabajadores del servicio de bomberos y que se ha saldado con una única persona perjudicada; precisamente el portavoz y cabeza visible de los empleados, Javier Puente. Una concentración que ha contado con 14 bomberos de una plantilla que actualmente está compuesta por 28, de los cuales 6 son interinos y 4 están de baja médica.
En un comunicado, los bomberos explican que el jefe de personal del Ayuntamiento ha sido el encargado de instruir el proceso. Y que mientras que para el resto de compañeros “ha prescrito”, según la defensar jurídica, para Puente no lo ha hecho.
No entienden, por tanto, que a pesar de que se les imputaban por los mismos hechos, que se remontan al periodo 2020-2021, este trabajador no haya sido considerado como los otros seis compañeros expedientados.
En el proceso sancionador iniciado a los siete efectivos, se liberó en el mes de noviembre a cuatro de ellos “al no encontrar indicios”. Ahora, en febrero, señalan que se ha decidido que en dos casos el asunto había prescito, mientras que, al portavoz de las reivindicaciones y delegado sindical, en las mismas circunstancias, se le han imputado faltas por “obstaculización” de ejercicio de las funciones a un compañero y “desconsideración” a los superiores. El pliego de cargas contra el trabajador se emitió el día 10 de febrero y hay un plazo de diez días para presentar alegaciones contra la resolución, algo que ya se ha hecho.