Conscientes de que Aranda de Duero ha sido una de las catorce administraciones sancionadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2022 por incumplir en materia de protección de datos, desde el equipo de gobierno se asegura que no es cierto que el Ayuntamiento pueda enfrentarse a una multa que pudiera alcanzar la cifra de 10 millones de euros como máximo porque el requerimiento ya está cumplido.
Y fue el pasado 7 de febrero cuando desde la administración local, explica el primer teniente de alcalde Francisco Martín Hontoria, se remitió el documento en el que se comunicaba la persona delegada de protección de datos. La contestación de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, como así hemos podido corroborar en la redacción de DR, no ha sido hasta el pasado 10 de marzo. Eso sí, señala que “se acusa recibo del mismo, sin que esta declaración suponga ningún pronunciamiento sobre la regularidad o licitud de las medidas adoptadas”.
Por tanto, aunque hay que esperar el pronunciamiento sobre la legalidad de las medidas tomadas por el Consistorio, todo lleva a pensar que finalmente el problema se podría haber resuelto al haber contestado el Ayuntamiento a este apercibimiento.
Y recuerda que el responsable del tratamiento también será responsable del cumplimiento de la normativa y de demostrarlo en base a un principio que “hace referencia a la obligación que recae en el responsable del tratamiento no sólo de diseñar, implementar y observar las medidas jurídicas, técnicas y organizativas adecuadas para que el tratamiento de datos sea acorde con la normativa, sino de permanecer activamente atento a lo largo de todo el ciclo de vida del tratamiento para que ese cumplimiento sea correcto, siendo además capaz de demostrarlo”.