Ciudadanos da unas horas a la alcaldesa de Aranda para rectificar
Acusó a un concejal de obstruir el contrato del albergue por intereses personales
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Aranda de Duero da unas horas de plazo a la alcaldesa Raquel González, del PP, para que rectifique las palabras que vertía en la noche de este lunes en un debate electoral televisivo. Un debate que tenía lugar en el canal 8 de Burgos donde acusaba a Francisco Martín Hontoria, socio de gobierno por el grupo de Ciudadanos y concejal responsable del área de contratación, de haber obstaculizado el contrato para la apertura del albergue municipal. Iba más allá acusándole de haberlo hecho porque “pensaba que podía hacerle competencia a su actividad económica”.
“Me siento totalmente decepcionada con el comportamiento de la alcaldesa de Aranda, que creo que no ha sido correcta ni como persona ni como política, a un socio de gobierno que ha sido leal durante cuatro años, a cuatro días y en plena campaña electoral, verter acusaciones que pueden ser constitutivas de un delito. Me parece de una bajeza tremenda”, argumenta la también concejal de Ciudadanos Elia Salinero.
“Estoy convencido que lo de ayer fue un error por parte de Raquel González”, señala el propio afectado por la acusación, señalando que se haya menoscabado al socio de gobierno e incluso al propio funcionario del Ayuntamiento. “Espero que la señora alcaldesa se manifieste”, dice, dando unas horas para hacerlo antes de pasar “a un siguiente nivel” si no lo hace.
Porque el procedimiento del albergue, asegura, “ha sido correcto y cristalino”. Recuerda que no se trata de un proyecto de estos últimos cuatro años donde el mandato ha estado acompañado de una pandemia, una guerra en Ucrania y un aumento de los costes; sino que “lleva cerrado desde 2010”.
Dando cuentas del trabajo de su departamento en estos años, explica que en 2019, recién iniciado el mandato, se decidió en pleno contratar a una nueva asesoría para elaborar el informe económico entendiendo que el que había no era el adecuado. Se elaboraron las bases en mayo de 2020 y en junio el expediente pasó a Contratación. Mientras tanto estábamos en plena pandemia con el sector hostelero con restricciones, “con el albergue ocupado por temas COVID”, y tras ello llegó ponerlo a disposición de los refugiados de Ucrania. “Teniendo en cuenta que en caso de suspensión servicios el ayuntamiento debería seguir pagando aunque estuviese cerrado”.
No ha sido hasta febrero de 2023 cuando volvió a comisión el mismo informa económico que en 2020 sin tener en cuenta la subida de IPC, los incrementos de energía, o la finalización de un convenio de hostelería que finalizó en 2022. Por ello se tuvo que realizar la adecuación de las valoraciones económicas “y está en cola de trabajo para su elaboración, y tiene que seguir su orden a no ser que alcaldesa o el concejal de responsable digan que tiene que ser prioritario, y no lo han hecho”.
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Aranda de Duero da unas horas de plazo a la alcaldesa Raquel González, del PP, para que rectifique las palabras que vertía en la noche de este lunes en un debate electoral televisivo. Un debate que tenía lugar en el canal 8 de Burgos donde acusaba a Francisco Martín Hontoria, socio de gobierno por el grupo de Ciudadanos y concejal responsable del área de contratación, de haber obstaculizado el contrato para la apertura del albergue municipal. Iba más allá acusándole de haberlo hecho porque “pensaba que podía hacerle competencia a su actividad económica”.
“Me siento totalmente decepcionada con el comportamiento de la alcaldesa de Aranda, que creo que no ha sido correcta ni como persona ni como política, a un socio de gobierno que ha sido leal durante cuatro años, a cuatro días y en plena campaña electoral, verter acusaciones que pueden ser constitutivas de un delito. Me parece de una bajeza tremenda”, argumenta la también concejal de Ciudadanos Elia Salinero.
“Estoy convencido que lo de ayer fue un error por parte de Raquel González”, señala el propio afectado por la acusación, señalando que se haya menoscabado al socio de gobierno e incluso al propio funcionario del Ayuntamiento. “Espero que la señora alcaldesa se manifieste”, dice, dando unas horas para hacerlo antes de pasar “a un siguiente nivel” si no lo hace.
Porque el procedimiento del albergue, asegura, “ha sido correcto y cristalino”. Recuerda que no se trata de un proyecto de estos últimos cuatro años donde el mandato ha estado acompañado de una pandemia, una guerra en Ucrania y un aumento de los costes; sino que “lleva cerrado desde 2010”.
Dando cuentas del trabajo de su departamento en estos años, explica que en 2019, recién iniciado el mandato, se decidió en pleno contratar a una nueva asesoría para elaborar el informe económico entendiendo que el que había no era el adecuado. Se elaboraron las bases en mayo de 2020 y en junio el expediente pasó a Contratación. Mientras tanto estábamos en plena pandemia con el sector hostelero con restricciones, “con el albergue ocupado por temas COVID”, y tras ello llegó ponerlo a disposición de los refugiados de Ucrania. “Teniendo en cuenta que en caso de suspensión servicios el ayuntamiento debería seguir pagando aunque estuviese cerrado”.
No ha sido hasta febrero de 2023 cuando volvió a comisión el mismo informa económico que en 2020 sin tener en cuenta la subida de IPC, los incrementos de energía, o la finalización de un convenio de hostelería que finalizó en 2022. Por ello se tuvo que realizar la adecuación de las valoraciones económicas “y está en cola de trabajo para su elaboración, y tiene que seguir su orden a no ser que alcaldesa o el concejal de responsable digan que tiene que ser prioritario, y no lo han hecho”.