Fue en abril de 2022, cinco días después de que los bomberos municipales de Aranda de Duero decidiesen no hacer más horas extras ante la inmovilidad del Ayuntamiento para atender sus reivindicaciones, cuando el equipo de gobierno decidió obligar mediante decreto a que las hicieran. Los trabajadores se negaron y la respuesta fue la apertura de expedientes.
Esa decisión de abrir expedientes vino avalada incluso por un informe jurídico municipal que ahora echa por tierra el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Burgos. Niega que esto sea así poniendo en entredicho la orden municipal e incluso impone las costas al Ayuntamiento, un pago de unos 1.000 euros que tendrán que salir de las arcas municipales.
El Ayuntamiento defendía que la obligatoriedad de realizar horas extraordinarias se realizaba para garantizar el servicio de prevención y extinción de incendios. “Mientras se resuelvan los problemas transitorios derivados de la necesidad del servicio, se insta a los bomberos y demás personal a que cubren dicho servicio, realizando las horas extraordinarias que fueran necesarias para su cumplimiento”.
Esto no lo ve así el Tribunal, y no ha lugar a recurso ordinario, por lo que al Ayuntamiento no le quedará más remedio que dar un paso atrás y pagar la cantidad requerida.
Una sentencia que se hereda de la decisión del anterior equipo de gobierno, que ahora recibe la nueva corporación. Para los bomberos arandinos, “se trata de otro juicio ganado con coste para los arandinos” para una decisión que provocó, además de expedientes disciplinarios, “amenazas y coacciones haciendo que los compañeros de la Policía Local fuesen los que notificasen”.
Ahora se demuestra que la decisión de dejar de hacer horas extras era legal y se preguntan: “¿Quién asume la responsabilidad de todo esto?”.
Imagen: La ya exalcaldesa de Aranda, Raquel González, junto a los concejales de Personal (izd) y Seguridad Ciudadana, en el momento en el que anunciaron el decreto./ BC