La Plataforma se opone a que se subcontrate el informe de seguridad de la plaza de toros
Han tenido conocimiento de que el Ayuntamiento pretende hacerlo y advierten que lejos de ahorrar tiempo, esto lo dilataría
.jpg)
La Plataforma por la Plaza de Toros no está de acuerdo con la decisión del alcalde de Aranda que acaban de conocer. Han sabido que el Ayuntamiento de Aranda de Duero pretende contratar una empresa privada para la realización del informe de seguridad de la plaza de toros y, además de sorprendidos, se oponen a esta idea.
Entienden que la contratación “supone la privatización de la función pública” y advierten que “en ningún caso se puede subcontratar la elaboración de un informe de carácter preceptivo y competencia exclusiva de funcionarios públicos para incorporarlo a un expediente administrativo que se encuentra judicializado, en fase de ejecución de sentencia”.
Lamentan la situación de falta de personal que vive el Ayuntamiento de Aranda de Duero y entienden que esto dificulta y entorpece su normal funcionamiento, “pero la solución no puede ser en ningún caso la contratación de una empresa privada de forma directa y sin concurso público, eludiendo así los principios básicos de la función pública que son imparcialidad, objetividad y seguridad jurídica”.
Recuerdan que el informe que se haga “no va a tener ninguna eficacia jurídica en el procedimiento administrativo, ni mucho menos ante el Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo, además del vicio de nulidad que va a provocar en los acuerdos o resoluciones que el Ayuntamiento pueda adoptar a resultas de su contenido”.
Aseguran sentirse sorprendidos. Este verano mantuvieron una reunión con el alcalde, al que informaron sobre la existencia de un informe jurídico emitido por un letrado de Aranda de Duero en el año 2013, en el que se exponía el procedimiento para resolver el contrato de la plaza de toros sin acudir a la vía judicial por los numerosos incumplimientos que ya en aquel momento (hace 10 años) había incurrido la empresa adjudicataria. “Le solicitamos que encargara a dicho letrado una actualización del mismo, a lo que los funcionarios presentes en la reunión, integrantes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aranda de Duero, manifestaron una rotunda oposición alegando que no se le podía contratar porque para eso ya estaban ellos”.
Por ello piden al primer edil que reconsidere la decisión de “subcontratar” el informe de seguridad de la plaza de toros a una empresa privada, con el fin de evitar impugnaciones, procedimientos judiciales innecesarios “y dilatar más en el tiempo un problema que empezó hace 20 años”.
Sólo cabe restaurar la legalidad o derribarla
A la nueva corporación le toca “lidiar” con esta herencia que se remonta al mandato de 2014 liderado por Raquel González, cuando en una Junta local se concedía la licencia de apertura de la plaza de toros. A partir de ahí comenzó un largo litigio que finalizaba, de momento, el pasado mes de mayo, cuando el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicó que en la plaza sólo cabía restaurar la legalidad o derribarla, acusando al Ayuntamiento de impedir la ejecución de una sentencia que anulaba las licencias de ocupación y apertura.
La corporación actual liderada por Antonio Linaje envió a los técnicos municipales para realizar una visita técnica, algo que se hizo el pasado mes de octubre, pero los informes aún no están completos. No se sabe, por ejemplo, cuando llegará el relativo a la seguridad que corre a cargo del jefe de bomberos que se encuentra de baja. La intención del equipo de gobierno es contratar la elaboración de ese informe con una empresa externa especializada.
La Plataforma por la Plaza de Toros no está de acuerdo con la decisión del alcalde de Aranda que acaban de conocer. Han sabido que el Ayuntamiento de Aranda de Duero pretende contratar una empresa privada para la realización del informe de seguridad de la plaza de toros y, además de sorprendidos, se oponen a esta idea.
Entienden que la contratación “supone la privatización de la función pública” y advierten que “en ningún caso se puede subcontratar la elaboración de un informe de carácter preceptivo y competencia exclusiva de funcionarios públicos para incorporarlo a un expediente administrativo que se encuentra judicializado, en fase de ejecución de sentencia”.
Lamentan la situación de falta de personal que vive el Ayuntamiento de Aranda de Duero y entienden que esto dificulta y entorpece su normal funcionamiento, “pero la solución no puede ser en ningún caso la contratación de una empresa privada de forma directa y sin concurso público, eludiendo así los principios básicos de la función pública que son imparcialidad, objetividad y seguridad jurídica”.
Recuerdan que el informe que se haga “no va a tener ninguna eficacia jurídica en el procedimiento administrativo, ni mucho menos ante el Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo, además del vicio de nulidad que va a provocar en los acuerdos o resoluciones que el Ayuntamiento pueda adoptar a resultas de su contenido”.
Aseguran sentirse sorprendidos. Este verano mantuvieron una reunión con el alcalde, al que informaron sobre la existencia de un informe jurídico emitido por un letrado de Aranda de Duero en el año 2013, en el que se exponía el procedimiento para resolver el contrato de la plaza de toros sin acudir a la vía judicial por los numerosos incumplimientos que ya en aquel momento (hace 10 años) había incurrido la empresa adjudicataria. “Le solicitamos que encargara a dicho letrado una actualización del mismo, a lo que los funcionarios presentes en la reunión, integrantes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Aranda de Duero, manifestaron una rotunda oposición alegando que no se le podía contratar porque para eso ya estaban ellos”.
Por ello piden al primer edil que reconsidere la decisión de “subcontratar” el informe de seguridad de la plaza de toros a una empresa privada, con el fin de evitar impugnaciones, procedimientos judiciales innecesarios “y dilatar más en el tiempo un problema que empezó hace 20 años”.
Sólo cabe restaurar la legalidad o derribarla
A la nueva corporación le toca “lidiar” con esta herencia que se remonta al mandato de 2014 liderado por Raquel González, cuando en una Junta local se concedía la licencia de apertura de la plaza de toros. A partir de ahí comenzó un largo litigio que finalizaba, de momento, el pasado mes de mayo, cuando el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicó que en la plaza sólo cabía restaurar la legalidad o derribarla, acusando al Ayuntamiento de impedir la ejecución de una sentencia que anulaba las licencias de ocupación y apertura.
La corporación actual liderada por Antonio Linaje envió a los técnicos municipales para realizar una visita técnica, algo que se hizo el pasado mes de octubre, pero los informes aún no están completos. No se sabe, por ejemplo, cuando llegará el relativo a la seguridad que corre a cargo del jefe de bomberos que se encuentra de baja. La intención del equipo de gobierno es contratar la elaboración de ese informe con una empresa externa especializada.