La OMIC de Aranda, 6.973 consultas atendidas a pesar de las carencias de personal
La oficina municipal sigue siendo un referente para los consumidores
6.973 han sido las consultas que se han atendido durante el año 2023 en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Aranda de Duero. Son apenas 25 menos que el año anterior. Tampoco difieren con respecto a la tramitación de los expedientes de reclamación en materia de consumo. En 2022 se contabilizaban 789, en 2023 han sido 755.
Todo ello en un departamento municipal con carencia en personal, teniendo en cuenta que una única persona es la que se ocupa de atender las consultas, tramitar los expedientes, coordinar las actividades que se realizan, o preparar memorias o documentación. Todo ello sin dejar de atender el teléfono o a las personas que pasan allí.
¿Cuáles son esas carencias? La respuesta la da la concejala de Comercio y Consumo, Belén Esteban, indicando que sería necesario un auxiliar administrativo y un agente dinamizador de comercio.
Expedientes abiertos
Por segundo año consecutivo, el sector de la energía, electricidad y gas, ha sido el más denunciado por los consumidores en 2023, con 238 expedientes, un 31,5% de las reclamaciones. Explica la técnico Pilar Hernández que siguen existiendo irregularidades en los recibos, subidas tarifarias contrarias a la legislación, y “mucha complejidad de las tarifas”. Y el gas es el sector que ha producido un incremento de las reclamaciones, con modificaciones por parte de las comercializadoras que en ocasiones llegan a multiplicarse por 6, generando facturas desmesuradas.
En el sector Bancario y Seguros pasa del tercer al segundo puesto en el ranking. Se han tramitado 131 expedientes, un 17% de las reclamaciones. Los principales motivos de las reclamaciones siguen siendo la negativa a devolver los gastos de formalización de hipoteca cobrados ilegalmente, seguidos de la aplicación de intereses usureros en préstamos, el cobro irregular de comisiones y la dificultad para que los bancos devuelvan cargos fraudulentos realizados en sus cuentas y tarjetas como consecuencia del robo de datos por parte de terceros.
El tercer lugar lo ocupan este año las Telecomunicaciones, que bajan un escalafón, pero continúa siendo un sector que genera muchas reclamaciones por parte de los consumidores y usuarios, con 122 expedientes, un 16% de las reclamaciones. Esta situación se produce por la inseguridad jurídica que sufrimos los usuarios de telecomunicaciones. Los contratos se hacen por teléfono, no hay contratos escritos en los que figuren las condiciones de lo contratado, el precio o la duración de las ofertas. Los comerciales hacen descuentos telefónicamente y después lo contratado y facturado no coincide. Hay un incumplimiento sistemático de las ofertas. Se firman contratos un día y en ese mismo mes las operadoras de manera unilateral nos suben los precios. “Se facturan cargos por llamadas a teléfonos de información utilizados de manera fraudulenta, así como por pagos a terceros cuando el consumidor no es consciente de haber realizado el alta en estos servicios”, continúa Hernández, destacando los problemas derivados de la portabilidad o penalizaciones desproporcionadas, envío de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja, incumplimiento de ofertas comerciales, dificultades para darse de baja de un determinado operador y el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados.
En temas como el Comercio (76 reclamaciones) las quejas se han centrado en la aplicación de las garantías, las devoluciones de productos, valor de los vales, reparación de productos (electrónicos, electrodomésticos..) y sobre todo en las ventas y contratos realizados fuera del establecimiento comercial. En las compras en internet se incrementan las reclamaciones por presuntas estafas y fraudes, ya que los consumidores cada vez utilizan más este sistema de compra. En unos casos porque el producto nunca llega y en otros por un incumplimiento en el plazo de entrega.
En el sector de la automoción, la compra y reparación de vehículos, se han tramitado 56 reclamaciones relacionadas con la garantía en coches de segunda mano, las reparaciones en talleres y el alquiler de vehículos.
Asimismo, se han presentado reclamaciones relacionadas con otros sectores como los transporte (aéreo, de mercancías y por carretera) (47); servicios sanitarios y estéticos (24); vivienda (13); restauración (12); agencias de viajes (24); servicios de ocio y juegos (12).
Del total de reclamaciones presentadas, el 71% (536) ha sido objeto intermediación, procedimiento por el que se intenta llegar a un acuerdo entre el reclamante y el reclamado. En más de la mitad de las mismas (el 57% de los casos) la intermediación ha sido positiva y se ha conseguido un acuerdo entre consumidor y empresa. El 17% (128) se resolvieron a través de Junta Arbitral de Consumo y un 12% (90) se envían al organismo competente para su conocimiento (Inspección de Consumo, Turismo, Espectáculos públicos, Sanidad, Banco de España, Aviación Civil, Dirección General de Seguros, Comisión Nacional de Mercado de Valores, Dirección General de la Ordenación del juego, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones..) .
“Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que tienen sus derechos como consumidores”, señala la concejal Belén Esteban, destacando que la OMIC de Aranda de Duero se ha convertido en entidad de referencia para los arandinos.
Imagen: Belén Esteban (izquierda) y Pilar Hernández. / BC
6.973 han sido las consultas que se han atendido durante el año 2023 en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Aranda de Duero. Son apenas 25 menos que el año anterior. Tampoco difieren con respecto a la tramitación de los expedientes de reclamación en materia de consumo. En 2022 se contabilizaban 789, en 2023 han sido 755.
Todo ello en un departamento municipal con carencia en personal, teniendo en cuenta que una única persona es la que se ocupa de atender las consultas, tramitar los expedientes, coordinar las actividades que se realizan, o preparar memorias o documentación. Todo ello sin dejar de atender el teléfono o a las personas que pasan allí.
¿Cuáles son esas carencias? La respuesta la da la concejala de Comercio y Consumo, Belén Esteban, indicando que sería necesario un auxiliar administrativo y un agente dinamizador de comercio.
Expedientes abiertos
Por segundo año consecutivo, el sector de la energía, electricidad y gas, ha sido el más denunciado por los consumidores en 2023, con 238 expedientes, un 31,5% de las reclamaciones. Explica la técnico Pilar Hernández que siguen existiendo irregularidades en los recibos, subidas tarifarias contrarias a la legislación, y “mucha complejidad de las tarifas”. Y el gas es el sector que ha producido un incremento de las reclamaciones, con modificaciones por parte de las comercializadoras que en ocasiones llegan a multiplicarse por 6, generando facturas desmesuradas.
En el sector Bancario y Seguros pasa del tercer al segundo puesto en el ranking. Se han tramitado 131 expedientes, un 17% de las reclamaciones. Los principales motivos de las reclamaciones siguen siendo la negativa a devolver los gastos de formalización de hipoteca cobrados ilegalmente, seguidos de la aplicación de intereses usureros en préstamos, el cobro irregular de comisiones y la dificultad para que los bancos devuelvan cargos fraudulentos realizados en sus cuentas y tarjetas como consecuencia del robo de datos por parte de terceros.
El tercer lugar lo ocupan este año las Telecomunicaciones, que bajan un escalafón, pero continúa siendo un sector que genera muchas reclamaciones por parte de los consumidores y usuarios, con 122 expedientes, un 16% de las reclamaciones. Esta situación se produce por la inseguridad jurídica que sufrimos los usuarios de telecomunicaciones. Los contratos se hacen por teléfono, no hay contratos escritos en los que figuren las condiciones de lo contratado, el precio o la duración de las ofertas. Los comerciales hacen descuentos telefónicamente y después lo contratado y facturado no coincide. Hay un incumplimiento sistemático de las ofertas. Se firman contratos un día y en ese mismo mes las operadoras de manera unilateral nos suben los precios. “Se facturan cargos por llamadas a teléfonos de información utilizados de manera fraudulenta, así como por pagos a terceros cuando el consumidor no es consciente de haber realizado el alta en estos servicios”, continúa Hernández, destacando los problemas derivados de la portabilidad o penalizaciones desproporcionadas, envío de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja, incumplimiento de ofertas comerciales, dificultades para darse de baja de un determinado operador y el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados.
En temas como el Comercio (76 reclamaciones) las quejas se han centrado en la aplicación de las garantías, las devoluciones de productos, valor de los vales, reparación de productos (electrónicos, electrodomésticos..) y sobre todo en las ventas y contratos realizados fuera del establecimiento comercial. En las compras en internet se incrementan las reclamaciones por presuntas estafas y fraudes, ya que los consumidores cada vez utilizan más este sistema de compra. En unos casos porque el producto nunca llega y en otros por un incumplimiento en el plazo de entrega.
En el sector de la automoción, la compra y reparación de vehículos, se han tramitado 56 reclamaciones relacionadas con la garantía en coches de segunda mano, las reparaciones en talleres y el alquiler de vehículos.
Asimismo, se han presentado reclamaciones relacionadas con otros sectores como los transporte (aéreo, de mercancías y por carretera) (47); servicios sanitarios y estéticos (24); vivienda (13); restauración (12); agencias de viajes (24); servicios de ocio y juegos (12).
Del total de reclamaciones presentadas, el 71% (536) ha sido objeto intermediación, procedimiento por el que se intenta llegar a un acuerdo entre el reclamante y el reclamado. En más de la mitad de las mismas (el 57% de los casos) la intermediación ha sido positiva y se ha conseguido un acuerdo entre consumidor y empresa. El 17% (128) se resolvieron a través de Junta Arbitral de Consumo y un 12% (90) se envían al organismo competente para su conocimiento (Inspección de Consumo, Turismo, Espectáculos públicos, Sanidad, Banco de España, Aviación Civil, Dirección General de Seguros, Comisión Nacional de Mercado de Valores, Dirección General de la Ordenación del juego, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones..) .
“Los ciudadanos son cada vez más conscientes de que tienen sus derechos como consumidores”, señala la concejal Belén Esteban, destacando que la OMIC de Aranda de Duero se ha convertido en entidad de referencia para los arandinos.
Imagen: Belén Esteban (izquierda) y Pilar Hernández. / BC