El Debate
Un informe evidencia las graves carencias de seguridad del coso taurino y que ya existían en 2014
Empezamos a entrar en temporada de debate taurino. Ese de si toros sí o toros no. No en el plano de pro o antitaurinos, más bien en el de si se abrirá o no la plaza de toros para la celebración de la feria en las próximas fiestas. El runrún ya recorre algunos ambientes y, quizás, es mejor empezar a contar evidencias para evitar que los castillos en el aire que se pueden formar algunas mentes, terminen desvaneciéndose y acabando en frustración (o cabreo). El discurso de que falta un papel o una firma para que esa instalación consiga la legalidad, se desmonta de un plumazo con el informe que acaba de completar el jefe del Servicio de Extinción de Incendios. Un estudio de 20 páginas elaborado después de una visita de inspección al coso taurino realizada el pasado 26 de abril.
El informe concluye que la edificación construida (plaza de toros) “reduce” las condiciones de seguridad previstas en la licencia de obras. Y no lo hace en aspectos sencillos y de poca importancia. “En esas cuatro cosillas” que tanto han defendido algunos que quedan pendientes. Desvela que la seguridad del edificio está comprometida y, algo que es aún más grave, que esa situación de peligro ya existía cuando se concedió la licencia de apertura por parte de la ex alcaldesa y tres de sus entonces concejales (los otros cuatro decidieron ausentarse), en una Junta de Gobierno Local celebrada en septiembre de 2014. Parece que, en aquel momento, importó mucho más el pan y circo, calmar a las masas y empezar la precampaña, que garantizar la seguridad de los futuros asistentes. Esa es la dura realidad.
La licencia, como sabemos, se tumbó por del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2022. Y aún así, ese mismo año (una vez más cuando se acercaba el mes de septiembre), se orquestó la treta (con connivencia técnica) de dejar la plaza fuera de ordenación. Algo que tampoco salió bien y el juzgado lo echó por tierra con un buen tirón de orejas. Todo este culebrón de hechos ilegales (según el juzgado) para una instalación que no había tenido la pertinente inspección fin de obra. Ahora, una vez visitada, se demuestra que no guarda las medidas oportunas de seguridad.
Son muchas las cosas que se dicen sobre los incumplimientos en esa veintena de páginas. Por destacar algunas, se constata que no existen expedientes que prueben la estabilidad al fuego de la estructura metálica por misión portante. Un tema que nos suena a la actualidad reciente de un trágico incendio. Aparte del fuego, ese estudio también evidencia que las anchuras de las salidas en los diferentes recorridos de evacuación no sustentan el aforo marcado de 5.000 personas en el graderío y 6.000 en espectáculos con escenario. Habría que reducir el aforo y rediseñar las evacuaciones. Además, califica como insegura la puerta que comparte acceso con corrales, que no se puede considerar como salida, a pesar de que se marque como tal para las 630 personas asignadas. Son solo algunos ejemplos, hay unos cuantos más. El informe de seguridad llega tras el ultimátum del juzgado al Ayuntamiento para que estuviera listo en 15 días, después de un año sin cumplir lo marcado por una sentencia. Se une al elaborado por un arquitecto municipal, todavía incompleto, pero que detalla otros numerosos aspectos a mejorar en temas, por ejemplo, de accesibilidad.
Y, la pregunta es: A partir de ahora... ¿Qué? La respuesta es complicada. Como dice el refranero castellano, hay mucha tela que cortar para acabar con todas las irregularidades que existen. Se necesitará también un informe jurídico y, después, habrá que esperar a la voluntad del propietario a la hora de hacer la inversiones necesarias (que serán importantes), y la capacidad del Consistorio para exigir su cumplimientos u optar por atajar la solución con otras fórmulas. Eso sí, la legalización será obligatoria sea pública o privada. Todo apunta a que, en este capítulo, como en todos y cada uno de los que hemos vivido desde el año 2003, esto acabará en “guerra”. Lo que parece prácticamente imposible es que las puertas de ese coso abran el próximo mes de septiembre.
Por cierto, no estaría de más que aquellos impulsores de la licencia de 2014, entonen un mea culpa por haber puesto en riesgo a sus ciudadanos, aunque siempre les quedará el comodín de que aquí nunca pasa nada.
Empezamos a entrar en temporada de debate taurino. Ese de si toros sí o toros no. No en el plano de pro o antitaurinos, más bien en el de si se abrirá o no la plaza de toros para la celebración de la feria en las próximas fiestas. El runrún ya recorre algunos ambientes y, quizás, es mejor empezar a contar evidencias para evitar que los castillos en el aire que se pueden formar algunas mentes, terminen desvaneciéndose y acabando en frustración (o cabreo). El discurso de que falta un papel o una firma para que esa instalación consiga la legalidad, se desmonta de un plumazo con el informe que acaba de completar el jefe del Servicio de Extinción de Incendios. Un estudio de 20 páginas elaborado después de una visita de inspección al coso taurino realizada el pasado 26 de abril.
El informe concluye que la edificación construida (plaza de toros) “reduce” las condiciones de seguridad previstas en la licencia de obras. Y no lo hace en aspectos sencillos y de poca importancia. “En esas cuatro cosillas” que tanto han defendido algunos que quedan pendientes. Desvela que la seguridad del edificio está comprometida y, algo que es aún más grave, que esa situación de peligro ya existía cuando se concedió la licencia de apertura por parte de la ex alcaldesa y tres de sus entonces concejales (los otros cuatro decidieron ausentarse), en una Junta de Gobierno Local celebrada en septiembre de 2014. Parece que, en aquel momento, importó mucho más el pan y circo, calmar a las masas y empezar la precampaña, que garantizar la seguridad de los futuros asistentes. Esa es la dura realidad.
La licencia, como sabemos, se tumbó por del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2022. Y aún así, ese mismo año (una vez más cuando se acercaba el mes de septiembre), se orquestó la treta (con connivencia técnica) de dejar la plaza fuera de ordenación. Algo que tampoco salió bien y el juzgado lo echó por tierra con un buen tirón de orejas. Todo este culebrón de hechos ilegales (según el juzgado) para una instalación que no había tenido la pertinente inspección fin de obra. Ahora, una vez visitada, se demuestra que no guarda las medidas oportunas de seguridad.
Son muchas las cosas que se dicen sobre los incumplimientos en esa veintena de páginas. Por destacar algunas, se constata que no existen expedientes que prueben la estabilidad al fuego de la estructura metálica por misión portante. Un tema que nos suena a la actualidad reciente de un trágico incendio. Aparte del fuego, ese estudio también evidencia que las anchuras de las salidas en los diferentes recorridos de evacuación no sustentan el aforo marcado de 5.000 personas en el graderío y 6.000 en espectáculos con escenario. Habría que reducir el aforo y rediseñar las evacuaciones. Además, califica como insegura la puerta que comparte acceso con corrales, que no se puede considerar como salida, a pesar de que se marque como tal para las 630 personas asignadas. Son solo algunos ejemplos, hay unos cuantos más. El informe de seguridad llega tras el ultimátum del juzgado al Ayuntamiento para que estuviera listo en 15 días, después de un año sin cumplir lo marcado por una sentencia. Se une al elaborado por un arquitecto municipal, todavía incompleto, pero que detalla otros numerosos aspectos a mejorar en temas, por ejemplo, de accesibilidad.
Y, la pregunta es: A partir de ahora... ¿Qué? La respuesta es complicada. Como dice el refranero castellano, hay mucha tela que cortar para acabar con todas las irregularidades que existen. Se necesitará también un informe jurídico y, después, habrá que esperar a la voluntad del propietario a la hora de hacer la inversiones necesarias (que serán importantes), y la capacidad del Consistorio para exigir su cumplimientos u optar por atajar la solución con otras fórmulas. Eso sí, la legalización será obligatoria sea pública o privada. Todo apunta a que, en este capítulo, como en todos y cada uno de los que hemos vivido desde el año 2003, esto acabará en “guerra”. Lo que parece prácticamente imposible es que las puertas de ese coso abran el próximo mes de septiembre.
Por cierto, no estaría de más que aquellos impulsores de la licencia de 2014, entonen un mea culpa por haber puesto en riesgo a sus ciudadanos, aunque siempre les quedará el comodín de que aquí nunca pasa nada.