“Deje de remover defecaciones para que huelan”. Con estas palabras el portavoz del grupo de Vox, Sergio Chagartegui, se dirigía al concejal de Podemos- IU Andrés Gonzalo. Lo hacía en su turno de la palabra en el punto en el que se abordaba en el pleno ordinario la moción que presentaba este grupo municipal para impulsar varias medidas en defensa de la memoria histórica en Aranda de Duero.
Vox votó en contra junto con el PP, mientras que el PSOE apoyó la propuesta. Por su parte, los miembros de Sentir Aranda dispersaron sus votos, amparándose en que no forman parte de un grupo político, sino de una agrupación electores. “Somos personas de diferentes ideologías, y cada uno va a ejercer su derecho al voto como considere, para después seguir trabajando juntos por el interés general de Aranda”, argumentaba la portavoz María de las Viñas. De esta manera apoyaron la propuesta el alcalde de Aranda y los ediles Guillermo López y Belén Esteban; mientras que se abstuvieron María Ortuño, Ana María Hervás y Juan Manuel Martín. Esta última opción también la adoptó el concejal de Ciudadanos José Antonio Fuertes.
Chagartegui tacha a los concejales de Podemos- IU de estar “anclados en el pasado” y “llenos de odio por algo que pasó hace más de un siglo”. Y les instigaba a “dejar de trabajar por los muertos para trabajar por los vivos”.
En una línea paralela, aunque con distintas palabras, Cristina Valderas tachaba desde el PP de “inoportuna” la moción “mezclando temas”. Y defendiendo la apuesta que el PP ha hecho desde el propio Ayuntamiento de Aranda en el desenterramiento de fosas y cambios de calles manifestaba que “lecciones al PP ninguna, banderas ninguna”. Valderas se pronunciaba también sobre los títulos honoríficos que se les dio a Francisco Franco y al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra señalando que “cualquiera entiende que tienen carácter vitalicio”, y asegurando no entender que se quieran quitar ahora.
En el lado de los apoyos, los socialistas indicaban que desde su partido se han mantenido reuniones para lograr convertir el antiguo campo de prisioneros de Aranda de Duero en un museo de la memoria. “El problema lo tendríamos si olvidamos”, decía, recordando que “todavía sigue habiendo gente en las cunetas de este país después de 40 años de democracia”.
¿Qué pide la moción ya aprobada?
La moción aprobada en el Pleno insta a que el Consistorio inicie las gestiones para recuperar los terrenos que ocupó el campo de prisioneros franquista que se estableció entre los años 1937 y 1939.
También se busca anular y retirar la concesión de la medalla de la Villa al golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde. Una medalla que le fue impuesta, en el Palacio del Pardo madrileño el 19 de marzo de 1960 por el entonces alcalde del municipio Luis Mateos.
Del mismo modo se pretende que se anule un nombramiento de Hijo Adoptivo de Aranda, al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra, que tuvo lugar en 1937. Él fue el artífice, consideran, de la represión llevada a cabo en Aranda en los primeros días del golpe de estado de julio de 1936, alrededor de un millar.
La moción también quiere que la corporación municipal actual reconozca y rinda homenaje “a través de una placa conmemorativa en un lugar visible del Ayuntamiento” a la corporación que fue asesinada el 25 de agosto de 1936. Una corporación liderada por Felipe Gutiérrez Catalá, al que acompañaban los concejales André Sánchez García (Primer teniente de alcalde), Tomás Requejo Requejo (Segundo teniente de alcalde y diputado provincial), Ciriaco Martín López (Tercer teniente de alcalde), Gregorio Picó Guijarro (concejal) y Pascual Molinero Cebrecos (concejal). Todos ellos fueron asesinados y arrojados a la fosa de la Andaya, en Quintanilla de la Mata, cerca de Lerma. Sus restos fueron exhumados en 2007 y hoy reposan en el memorial del cementerio de Aranda de Duero.
Por último, se persigue identificar si en Aranda de Duero quedan vestigios de simbología franquista para que puedan ser retirados, que se fijen actos de memoria histórica en el calendario institucional y que la junta de Castilla y León impulse la paralización y retirada de la Ley de Concordia recientemente aprobada.