
No cuela para los servicios jurídicos el intento por parte del grupo municipal del PP de expulsar a su concejala Virginia Martínez. Es verdad que el acuerdo de expulsión de un concejal de un grupo político se puede adoptar por la mayoría de la agrupación, como reflejaban desde el seno de los populares el pasado martes, pero también es cierto que ese acuerdo debe adoptarse en una reunión y quedar reflejada en un escrito que constate cuando y por parte de quienes se ha adoptado ese acuerdo.
Fue la propia Martínez la que manifestó horas después de la rueda de prensa de su partido que no había sido convocada a la supuesta reunión para tomar esa decisión. Recordaba que con esta falta de convocatoria se estaban vulnerando sus derechos, ya que ella también tendría que también la opción de votar al igual que el resto de sus compañeros.
Por tanto, el nuevo y tercer intento de eliminar de las filas populares a Martínez tampoco ha servido de nada, porque se ha topado con la desestimación del informe jurídico que recuerda que no se ha aportado documentación que alegue el acuerdo que el PP dice que sí se ha adoptado.