Un duro informe municipal deja en evidencia a la portavoz del PP, Cristina Valderas

El informe municipal lo dejó claro el pasado mes de febrero: si el PP de Aranda de Duero quería expulsar a su concejala Virginia Martínez tendría que iniciar un nuevo procedimiento porque el intento que inició en octubre de 2024 no tenía recorrido. No lo quiso hacer, sino que el grupo municipal popular siguió insistiendo presentando otro recurso y el resultado ha sido el mismo. Además de una pérdida de tiempo, porque Virginia Martínez sigue siendo concejala del grupo del PP, el informe da un serio varapalo a la portavoz del PP, Cristina Valderas.

Porque los populares optaron por presentar nuevamente un recurso, y el informe municipal de la Secretaría lo vuelve a desestimar. Y lo hace “en todos sus extremos”, señala, porque sigue sin hacer un documento de la adopción del acuerdo de expulsión en el que Virginia Casado, como uno de los cinco miembros del grupo municipal, estuviera presente. Un escrito que indique “exclusivamente el lugar y la fecha de celebración de la reunión, la indicación de los asistentes de la misma y reflejo del debate y votación de la expulsión de la concejala”.

 

Medio año

Y es que el PP lleva “mareando la perdiz” para poder expulsar del seno de la formación a Virginia Martínez ya hace casi medio año. Primero anunció que esta concejala salía del grupo municipal simplemente. En enero el propio presidente provincial de PP, Borja Suárez, pidió públicamente que renunciase de su acta de concejala directamente.

Apenas dos días más tarde el PP arandino daba a conocer la nueva configuración del grupo sin la concejala, pero esta desafió ese anuncio acudiendo a la comisión como concejala del PP. Además, señaló que ella no había acudido a ninguna convocatoria para votar su marcha.

Esto provocó que desde el Ayuntamiento se requiriese al PP arandino ese acuerdo y la acreditación de que había existido unos requisitos mínimos que garantizasen la defensa de la concejala que se quería expulsar. El escrito llegó, pero sólo firmado por los otros cuatro concejales del grupo municipal, algo que llevó a la propia Virginia Martínez a personarse en el expediente y solicitar la suspensión de todas las actuaciones para que se le diese audiencia. Martínez aludía a irregularidades que vulneraban sus derechos, a que no había tenido luchar ese acuerdo de expulsión.

Por ello se emitió un primer informe jurídico manifestando que el escrito presentado por los cuatro concejales del PP no subsanaba el primer requerimiento porque “no había constancia escrita del acuerdo adoptado”. Esto llevó a dar por no válida la modificación del grupo municipal del PP.

En respuesta a ello se presentó un primer recurso de reposición aludiendo a una posible “prevaricación administrativa” del alcalde de Aranda de Duero y del secretario.

 

Un varapalo para Valderas

El nuevo informe emitido el pasado 10 de abril da un duro revés a la portavoz del PP Cristina Valderas. Porque además de repetir que la comunicación inicial del PP “era inadecuada” porque no se motivó la marcha de Virginia Martínez, ni quién la había expulsado del grupo con un escrito que lo atestiguase, pone de manifiesto una posible ineptitud de Valderas.

Porque ante la supuesta prevaricación que decía la portavoz del PP, se señala el Ayuntamiento “sólo ha querido acreditar que se cumplen las existencias legales, nada más”, por lo que, sin un documento de una reunión formal, no se puede tener en cuenta la petición.

Y como Valderas acusa al secretario municipal, este le responde. Lo hace recordando que se ha limitado “a informar un expediente de su dependencia y motivar jurídicamente las razones de sus conclusiones”. Y continuando diciendo que “tal vez el desconocimiento, o mejor, la ignorancia de aspectos jurídicos lleve a la edil a verter tales insinuaciones, pero siendo portavoz de un grupo municipal, parece adecuado, que antes de verter dichas insinuaciones procediera a una breve lectura del código penal”.

No acaba aquí sus “bondades” hacia Cristina Valderas, cuando reitera “el absoluto desconocimiento” de esta del funcionamiento administrativo y le suelta un varapalo. “Sería deseable que en sus escritos como portavoz del grupo municipal se cerciorase de los hechos antes de difundir infundios malintencionados, que es lo que ha realizado en su recurso”. Porque, prosigue, “lo que es falso e inadmisible en un representante público, es acusar a un funcionario de romper su neutralidad, cuando le ha explicado de forma verbal, por activa y por pasiva, como subsanar la comunicación con anterioridad a hacer el requerimiento”.

Continúa la explicación: “únicamente es explicable bien por ineptitud, bien por sufrir un absurdo empecinamiento incomprensible, de pretender un grupo municipal presentar comunicaciones de unos hechos en lugar de documentos donde se quede constancia del acuerdo adoptado, que es lo exigido por la Ley”.

El secretario asegura no comprender esta actitud, sobre todo cuando la solución “es más fácil” que presentar un recurso de reposición. Esta sería “presentar un sencillo documento que dé constancia del acuerdo adoptado, y si no lo elaboraron en su momento, convocar a los miembros del grupo y someter a votación la expulsión de Virginia Martínez, y si es apoyada mayoritariamente, como se presume, aportar el reflejo documental”, termina diciendo.

Fuentes populares señalan su intención de acudir al tribunal contencioso administrativo, un recurso legal que se interpone para reclamar ante el Poder Judicial por actos  considerados ilegales de la Administración Pública.