La legalidad y sus versiones
Todos se amparan en cumplirla, pero no se ponen de acuerdo en cómo
Es un tema particular que está afectando a la generalidad. Además, aderezado con unas versiones que nada tienen que ver entre sí, tomando todas siempre por bandera la protección de la legalidad. Un afectado, con sus defensores acérrimos y sus detractores. Y un público que observamos la película con la sensación de que algo más tiene que existir por detrás porque, en caso contrario, hay cosas que no se llegan a entender. Voy a intentar explicarlo, porque es un tema complejo. Es más, probablemente a muchos ciudadanos (la mayoría) ni les interese, pero está en primera línea de actualidad, y puede servir como lectura en un plano más general. Todo se puede extrapolar siempre a lo global.
En el Ayuntamiento, alguien (un trabajador municipal) está haciendo desde 2017 unas funciones que van más allá de las que tiene consignadas en su puesto. Labores que no se sustentan, desde entonces, con un complemento económico. Partimos de la base, que las cosas no se hicieron bien hace ocho años. El trabajador va al juzgado, pero a través de una mediación realizada por el equipo de gobierno de forma unilateral (sin llevar a pleno u órgano ejecutivo), se alcanza un acuerdo. A partir de ahí, hay un auto judicial (que no sentencia) que insta a ejecutar ese acuerdo.
En ese escenario, en lugar de esperar a solventar el problema en la nueva relación de puestos de trabajo con el resto de los empleados municipales (lo que se llama, trato igualitario), se opta por una modificación de la RPT de 2012. Con un planteamiento que viene a decir que a este trabajador no es que se le vaya a pagar un plus por las funciones a mayores que realiza (sin duda, el trabajo hay que pagarlo), sino que se le va a elevar (ascender) y reconocer ese cargo (que ahora no tiene). Está claro, que no es lo mismo.
Todo este proceso se lleva a pleno sin valorar que el equipo de gobierno no tiene una mayoría real. La oposición suma once y, sin acuerdo, es casi imposible sacarlo adelante, por mucho que se confíe (sin éxito) en que algunos concejales 'contrarios' no vayan a acudir a la sesión. Una vez en el pleno, la legalidad por bandera en dos historias antagónicas. El gobierno: que hay que cumplir un mandato judicial o se incurre en rebeldía, y que va a informar de la ‘desobediencia’ de la oposición al Contencioso Administrativo. Por el otro lado (oposición), se esgrimen hasta cuatro informes contrarios a esa resolución: secretaria General, jefe de Personal, letrado urbanista y asesoría jurídica externa. Y para rematar, se desvela la existencia de un escrito donde el trabajador contrata (con fondos municipales) a una empresa para hacer su propia valoración de complemento económico y además firma tres facturas de pago (que tienen el mismo número, pero distinta fecha de orden de desembolso).
Dicho esto, quizás sería bueno que se nos explicaran esos documentos, porque a lo mejor tienen una historia que lo justifica (o no) y ahora desconocemos. Sin embargo, se opta por basar la comunicación oficial en que se va a notificar el proceso al Contencioso. En este tema, hay muchas sombras que sería conveniente aclarar en un ejercicio de transparencia (de esa que tanto se habla). Eso es la comunicación, el resto es propaganda. Más aún, cuando como periodistas acudimos al pleno, escuchamos lo que allí se dijo y tenemos acceso a la documentación de la que no se quiere hablar. Quizás, explicándolo todo, puedan llegar a convencer.
Es un tema particular que está afectando a la generalidad. Además, aderezado con unas versiones que nada tienen que ver entre sí, tomando todas siempre por bandera la protección de la legalidad. Un afectado, con sus defensores acérrimos y sus detractores. Y un público que observamos la película con la sensación de que algo más tiene que existir por detrás porque, en caso contrario, hay cosas que no se llegan a entender. Voy a intentar explicarlo, porque es un tema complejo. Es más, probablemente a muchos ciudadanos (la mayoría) ni les interese, pero está en primera línea de actualidad, y puede servir como lectura en un plano más general. Todo se puede extrapolar siempre a lo global.
En el Ayuntamiento, alguien (un trabajador municipal) está haciendo desde 2017 unas funciones que van más allá de las que tiene consignadas en su puesto. Labores que no se sustentan, desde entonces, con un complemento económico. Partimos de la base, que las cosas no se hicieron bien hace ocho años. El trabajador va al juzgado, pero a través de una mediación realizada por el equipo de gobierno de forma unilateral (sin llevar a pleno u órgano ejecutivo), se alcanza un acuerdo. A partir de ahí, hay un auto judicial (que no sentencia) que insta a ejecutar ese acuerdo.
En ese escenario, en lugar de esperar a solventar el problema en la nueva relación de puestos de trabajo con el resto de los empleados municipales (lo que se llama, trato igualitario), se opta por una modificación de la RPT de 2012. Con un planteamiento que viene a decir que a este trabajador no es que se le vaya a pagar un plus por las funciones a mayores que realiza (sin duda, el trabajo hay que pagarlo), sino que se le va a elevar (ascender) y reconocer ese cargo (que ahora no tiene). Está claro, que no es lo mismo.
Todo este proceso se lleva a pleno sin valorar que el equipo de gobierno no tiene una mayoría real. La oposición suma once y, sin acuerdo, es casi imposible sacarlo adelante, por mucho que se confíe (sin éxito) en que algunos concejales 'contrarios' no vayan a acudir a la sesión. Una vez en el pleno, la legalidad por bandera en dos historias antagónicas. El gobierno: que hay que cumplir un mandato judicial o se incurre en rebeldía, y que va a informar de la ‘desobediencia’ de la oposición al Contencioso Administrativo. Por el otro lado (oposición), se esgrimen hasta cuatro informes contrarios a esa resolución: secretaria General, jefe de Personal, letrado urbanista y asesoría jurídica externa. Y para rematar, se desvela la existencia de un escrito donde el trabajador contrata (con fondos municipales) a una empresa para hacer su propia valoración de complemento económico y además firma tres facturas de pago (que tienen el mismo número, pero distinta fecha de orden de desembolso).
Dicho esto, quizás sería bueno que se nos explicaran esos documentos, porque a lo mejor tienen una historia que lo justifica (o no) y ahora desconocemos. Sin embargo, se opta por basar la comunicación oficial en que se va a notificar el proceso al Contencioso. En este tema, hay muchas sombras que sería conveniente aclarar en un ejercicio de transparencia (de esa que tanto se habla). Eso es la comunicación, el resto es propaganda. Más aún, cuando como periodistas acudimos al pleno, escuchamos lo que allí se dijo y tenemos acceso a la documentación de la que no se quiere hablar. Quizás, explicándolo todo, puedan llegar a convencer.