Alberto Marcos denuncia irregularidades en la gestión de la Escuela Municipal de Música

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Alberto Marcos Castilla, ha denunciado públicamente la “irregularidad en la gestión de la Escuela Municipal de Música”. Una escuela en la que ha decidido renunciar a su plaza como profesor de flauta travesera.

En un comunicado, Marcos considera necesario “alzar la voz y explicar con claridad una situación enquistada, injusta y desproporcionada que se arrastra desde hace demasiado tiempo”. Porque no se entiende, señala, que se trate de una Escuela que figura bajo el convenio de enseñanzas privadas, cuando está sufragada íntegramente con fondos públicos y depende de un Ayuntamiento.

Según explica, durante años existió en Aranda un Conservatorio dependiente de un patronato municipal, un órgano jurídico con fondos públicos, pero de naturaleza privada, lo que permitía aplicar un convenio específico a su profesorado. Sin embargo, en el año 2000 ese patronato desapareció y los docentes pasaron a ser trabajadores laborales directos del Ayuntamiento, que ya disponía desde 1996 de su propio convenio laboral para el personal municipal.

Fue un profesor, el actual director de la banda de música, el que denunció al Ayuntamiento reclamando un complemento salarial. La Justicia le dio la razón, pero “en su demanda omitió señalar que el convenio aplicable debía ser el de los laborales municipales de 1996, y no el de enseñanzas privadas”. El resultado fue una sentencia “en la que, sorprendentemente, se decidió aplicar a la Escuela de Música el convenio de enseñanza privada”.

“Una resolución que claramente perjudicaba al denunciante, pero que nunca fue recurrida”, subraya Marcos, señalando que “esa falta de recurso es el origen directo de la situación actual: ha consolidado un modelo injusto que no corresponde legalmente y que supone un agravio para todos los profesores de la Escuela”.

 

Banda de música

El edil también apunta a “funciones de dirección de la banda sin estar reconocidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)” y afirma que “también se han asignado funciones de subdirector, igualmente ausentes de cualquier documento oficial, y recientemente se ha nombrado a una persona para ocupar ese cargo a dedo, sin mérito ni capacidad acreditados y sin proceso alguno de selección”.

No entiende tampoco que mientras que en otras localidades las bandas ofrecen entre 30 y 40 actividades al año, la de Aranda sólo se limite a dos pases en el concierto de invierno, Semana Santa, concierto de verano, imposición de bandas y dos procesiones. 

Marcos considera que la Escuela de Música continúa adscrita a un convenio que no le corresponde, con funciones inexistentes asignadas “a dedo”, lo que supone un perjuicio tanto para sus docentes como para la ciudadanía. Y lamenta que, “en numerosas ocasiones, he planteado soluciones y alternativas, y siempre encontrando la misma respuesta: desacreditar al mensajero”.

Señala además que “se me ha acusado de ambiciones personales, incluso de querer ese cargo inexistente. Pero, ¿dónde quedaron esas voces cuando presenté mi renuncia, como profesor laboral fijo de flauta, a mi puesto en la Escuela?”. Una carta de renuncia que presentó el pasado mes de agosto tras la estabilización de los puestos de trabajo motivada por “la ausencia de un proyecto educativo sólido y la falta de rigor institucional en la Escuela de Música”.

Marcos lamenta que no exista una proyección clara de futuro ni una planificación que dignifique el trabajo docente de la Escuela de Música y denuncia “la actitud del Ayuntamiento, que ha demostrado una preocupante falta de compromiso para valorar y proteger la labor de los profesores”, así como “la pasividad frente a una situación injusta provocada por un profesor, cuya conducta personal ha perjudicado gravemente a la institución, llevándola a un estado de precariedad y descrédito profesional durante 25 años con el único fin de obtener beneficios particulares”.

Asimismo, califica de “inaceptable la gestión del personal, por parte política del Ayuntamiento, caracterizada por una constante falta de rigor” y el “uso indebido de asignaciones de funciones de superior categoría, así como la concesión de complementos personales”, prácticas que —dice— “equiparan la gestión pública a prácticas propias del ámbito privado” y “atentan contra los principios fundamentales de mérito, capacidad y publicidad”.

Finalmente, el concejal invita “a la reflexión, especialmente a los responsables actuales del Ayuntamiento: ¿vamos a seguir mirando hacia otro lado o vamos a exigir transparencia y legalidad en la gestión de una institución que debería ser orgullo cultural de nuestra ciudad?”