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La reversión de la plaza de toros, o lo que es lo mismo, la vuelta a la titularidad municipal de esos terrenos y construcciones por sus graves incumplimientos, ya se puso sobre la mesa en el año 2007 en un informe de la entonces jefa del Servicio Municipal de Contratación. “Si el Ayuntamiento no otorga la licencia de apertura, ante el incumplimiento del Pliego, y en definitiva el contrato mantenido con Toros Ricor S.L, este incumplimiento podría incluirse como causa de reversión establecida en la causa vigésima del mismo”, así concluye el informe realizado por la letrada, y firmado el día 18 de abril de 2007. Especifica que “hay un incumplimiento del acuerdo adoptado por el pleno, fecha 9 de abril de 2023, al existir incumplimientos en la construcción de las obras, según se desprende de los informes técnicos que figuran en el expediente”. Algo que, según defendía la técnico municipal, incumplía el pliego de cláusulas administrativas y técnicas que rige la enajenación de los terrenos para la construcción y explotación de la plaza de toros con cubierta móvil y usos polivalentes. Contratación dejaba clara la fórmula, tras un informe de la letrada urbanista donde ponía en evidencia incumplimientos urbanísticos, falta de plazas de aparcamientos, deficiencias en edificaciones, e incluso el cambio de forma unilateral por parte del propietario del coso taurino, Victoriano del Río, del diseño de la cubierta del coso sin tener autorización municipal.
Por lo tanto, ya hace 18 años se ponía sobre la mesa la posibilidad de que esa plaza de toros volviera a la propiedad del municipio, por numerosos incumplimientos. Situación que se confirmaba años después a través de un informe de un letrado externo, contratado en 2011 y hecho público en 2013, que marcaba la hoja de ruta para la recuperación de los terrenos y el coso tras los hechos ocurridos. Un dictamen ratificado por el entonces secretario General del Ayuntamiento. Finalmente, aquello se guardó en un cajón y llegó la licencia de apertura de 2014 y su anulación en los juzgados en 2022.
Ahora, el equipo de gobierno ha anunciado un comité de expertos jurídicos que determine cuál es la fórmula para dar una salida a un asunto que data del año 2003. “Este comité de letrados trabajará en el análisis y búsqueda de una medida jurídica que permita la celebración de ferias taurinas y el aprovechamiento del potencial de las instalaciones, conforme a la legalidad», comunica el Consistorio a través de una nota de prensa. El mismo, se presupone, tendrá que estudiar toda la documentación existente y definir una solución que ya se ponía sobre la mesa hace casi dos décadas.