De 'pecados' y penitencias
Despedidas esperadas y un futuro incierto
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Se han alargado los plazos al máximo, pero lo que era un secreto a voces, ha terminado pasando. No eran suficientes las ganas que pudiera tener el ya ex concejal de Servicios Sociales, Barrios y Participación Ciudadana, de terminar su mandato al frente de la Concejalía; hay cosas que no tienen vuelta atrás. Es más, quedaron claras en una rueda de prensa que celebró Podemos, en clave de las elecciones autonómicas, pocos minutos después de que, en otra comparecencia pública, el primer edil anunciara el cese del concejal de Izquierda Unida (explayándose en su larga lista de deméritos). Eso de que hay caras y expresiones que lo dicen todo, fue tal cual. Aquello era insalvable. Sus ganas personales no iban a poder con lo que su formación política había asumido como una auténtica afrenta (por la espalda, y a traición). Sin entrar a dar o quitar razones, me sorprende que, después de ello, el ya concejal de la oposición haya podido compartir actos y convocatorias con un grupo (el de Sentir Aranda) con el que era evidente habían perdido toda confianza mutua. Cualquier guiño era producto del miedo a tener que repartirse sus áreas. Sin más.
Ahora, tras la ruptura con la coalición de izquierdas, afloran algunos aspectos que desde dentro no se han atrevido a denunciar. Personalmente, creo que las cosas se deben poner sobre la mesa en tiempo y forma, en actos de valentía tan necesitados en la vida política. Fue realmente llamativo el momento en el que el ya ex concejal de Servicios Sociales defendió públicamente en el pleno una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que dejaba literalmente vendidos a sus trabajadores. A toro pasado, se arrepiente de haberlo hecho, pero eso llega tarde. Si pensaban de esta manera, lo tenían que haber ejecutado en el pleno, con un voto en contra. Es más, ni tan siquiera su posicionamiento hubiera sido significativo o determinante, ya que con la abstención del Partido Popular y PSOE estaba hecho. Los fustigamientos fuera de tiempo no sirven, y a sus extrabajadores les valdrá de poco o nada ese arrepentimiento. Fueron los únicos que se quedaron sin su parte del pastel en la tómbola de la RPT. Su ‘castigo’ se aduce a que son competencias impropias del Ayuntamiento, dependientes de la Junta, pero la realidad es que hay tantas cosas en materia de personal que son impropias y se han afianzado y se han hecho fuertes, que suena a excusa.
Y ahora, lo que queda es un equipo de gobierno con siete concejales, a un año y dos meses de las elecciones municipales (empieza la guerra). Hay unas competencias de Servicios Sociales, Barrios y Participación Ciudadana, huérfanas y pendientes de que pase este periodo vacacional y de penitencia, cristiana y pagana. No hay crisis de gobierno que valga, que un relax de Semana Santa no puede retrasar.
En este contexto, los problemas se multiplican y la forma de afrontarlos, a veces, se percibe como un menosprecio al arandino de a pie. Si hay alegaciones en la Relación de Puestos de Trabajo por parte de los trabajadores, se despachan con que ni se han visto, ni se piensan contestar. Si hay quejas porque la ARU no se ejecuta de forma adecuada, es porque los vecinos tienen intereses personales. Si el PGOU está pendiente de una sentencia que puede tumbarlo, no se puede desarrollar la ampliación del polígono industrial y otras necesidades vecinales, pero sí hacer una modificación para unas dotaciones privadas, que se supone podrán esperar a la resolución. Y suma y sigue.
Lo que se vivió el jueves en el pleno fue, cuanto menos, significativo. Más de una veintena de propietarios de los bloques de Santa Catalina pusieron en evidencia falta de seguridad, ausencia de medidas de control, sobrecostes, y hasta contratos ‘dudosos’. Sinceramente, lo que mal empieza, mal acaba. Estamos hablando de un contrato que salió (tarde) dos veces a licitación y quedó desierto. Se adjudicó a dedo, y dividido en tres paquetes que suman la friolera de cinco millones de euros. Se comenzaron las obras el 20 de enero y, a falta de otra moratoria, se tienen que terminar el 30 de junio. Con este panorama: ¿Qué podía salir mal? (entiéndase la ironía). Parece que lo de los fondos europeos no está siendo lo nuestro, para muestra los ocho millones de euros que nos va a costar un edificio que veremos para qué se utiliza (el centro cívico Virgen de las Viñas). Mientras tanto, feliz penitencia.
Se han alargado los plazos al máximo, pero lo que era un secreto a voces, ha terminado pasando. No eran suficientes las ganas que pudiera tener el ya ex concejal de Servicios Sociales, Barrios y Participación Ciudadana, de terminar su mandato al frente de la Concejalía; hay cosas que no tienen vuelta atrás. Es más, quedaron claras en una rueda de prensa que celebró Podemos, en clave de las elecciones autonómicas, pocos minutos después de que, en otra comparecencia pública, el primer edil anunciara el cese del concejal de Izquierda Unida (explayándose en su larga lista de deméritos). Eso de que hay caras y expresiones que lo dicen todo, fue tal cual. Aquello era insalvable. Sus ganas personales no iban a poder con lo que su formación política había asumido como una auténtica afrenta (por la espalda, y a traición). Sin entrar a dar o quitar razones, me sorprende que, después de ello, el ya concejal de la oposición haya podido compartir actos y convocatorias con un grupo (el de Sentir Aranda) con el que era evidente habían perdido toda confianza mutua. Cualquier guiño era producto del miedo a tener que repartirse sus áreas. Sin más.
Ahora, tras la ruptura con la coalición de izquierdas, afloran algunos aspectos que desde dentro no se han atrevido a denunciar. Personalmente, creo que las cosas se deben poner sobre la mesa en tiempo y forma, en actos de valentía tan necesitados en la vida política. Fue realmente llamativo el momento en el que el ya ex concejal de Servicios Sociales defendió públicamente en el pleno una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que dejaba literalmente vendidos a sus trabajadores. A toro pasado, se arrepiente de haberlo hecho, pero eso llega tarde. Si pensaban de esta manera, lo tenían que haber ejecutado en el pleno, con un voto en contra. Es más, ni tan siquiera su posicionamiento hubiera sido significativo o determinante, ya que con la abstención del Partido Popular y PSOE estaba hecho. Los fustigamientos fuera de tiempo no sirven, y a sus extrabajadores les valdrá de poco o nada ese arrepentimiento. Fueron los únicos que se quedaron sin su parte del pastel en la tómbola de la RPT. Su ‘castigo’ se aduce a que son competencias impropias del Ayuntamiento, dependientes de la Junta, pero la realidad es que hay tantas cosas en materia de personal que son impropias y se han afianzado y se han hecho fuertes, que suena a excusa.
Y ahora, lo que queda es un equipo de gobierno con siete concejales, a un año y dos meses de las elecciones municipales (empieza la guerra). Hay unas competencias de Servicios Sociales, Barrios y Participación Ciudadana, huérfanas y pendientes de que pase este periodo vacacional y de penitencia, cristiana y pagana. No hay crisis de gobierno que valga, que un relax de Semana Santa no puede retrasar.
En este contexto, los problemas se multiplican y la forma de afrontarlos, a veces, se percibe como un menosprecio al arandino de a pie. Si hay alegaciones en la Relación de Puestos de Trabajo por parte de los trabajadores, se despachan con que ni se han visto, ni se piensan contestar. Si hay quejas porque la ARU no se ejecuta de forma adecuada, es porque los vecinos tienen intereses personales. Si el PGOU está pendiente de una sentencia que puede tumbarlo, no se puede desarrollar la ampliación del polígono industrial y otras necesidades vecinales, pero sí hacer una modificación para unas dotaciones privadas, que se supone podrán esperar a la resolución. Y suma y sigue.
Lo que se vivió el jueves en el pleno fue, cuanto menos, significativo. Más de una veintena de propietarios de los bloques de Santa Catalina pusieron en evidencia falta de seguridad, ausencia de medidas de control, sobrecostes, y hasta contratos ‘dudosos’. Sinceramente, lo que mal empieza, mal acaba. Estamos hablando de un contrato que salió (tarde) dos veces a licitación y quedó desierto. Se adjudicó a dedo, y dividido en tres paquetes que suman la friolera de cinco millones de euros. Se comenzaron las obras el 20 de enero y, a falta de otra moratoria, se tienen que terminar el 30 de junio. Con este panorama: ¿Qué podía salir mal? (entiéndase la ironía). Parece que lo de los fondos europeos no está siendo lo nuestro, para muestra los ocho millones de euros que nos va a costar un edificio que veremos para qué se utiliza (el centro cívico Virgen de las Viñas). Mientras tanto, feliz penitencia.