Un nuevo caso de vulnerabilidad: una familia con tres hijos espera desahucio
Tras un juicio verbal, afirma no tener alternativa de alquiler y teme quedarse en la calle en pocas semanas
David Jiménez Martínez y Verónica Montolla Gabarre, matrimonio con tres hijos de 15, 10 y 3 años, se enfrentan a un procedimiento de desahucio del piso de alquiler en el que residen desde hace cuatro años en la barriada de Los Bloques del barrio de Santa Catalina, en Aranda de Duero.
Según relatan, durante los dos primeros años de contrato abonaban la renta mensualmente en mano al propietario, con el correspondiente recibo. Sin embargo, la situación cambió cuando el arrendador se marchó a su país de origen y dejaron de tener contacto directo para realizar los pagos.
Tiempo después, el propietario regresó y comunicó a la familia su intención de recuperar la vivienda para realizar obras, instándoles a abandonar el inmueble. Desde entonces, aseguran no haber podido regularizar la situación ni continuar abonando el alquiler, al no haberse ofrecido una alternativa contractual.
La familia sostiene que ha intentado encontrar otra vivienda en alquiler, pero no ha logrado acceder a ninguna debido a los elevados precios del mercado y a la falta de ingresos estables. Actualmente perciben en torno a 1.800 euros mensuales de la ayuda de ingreso mínimo vital, pero no cuentan con empleo ni otras prestaciones.
Hace pocos días se celebró un juicio verbal de desahucio, tras el cual todo apunta a que deberán abandonar la vivienda en las próximas semanas. Ante esta situación, han acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde se ha emitido un informe técnico en el que se reconoce una situación de vulnerabilidad social y económica.
No obstante, la familia asegura que se les ha trasladado que las opciones de acceso a una vivienda social o a una solución temporal será muy difícil.
Mientras esperan una resolución definitiva, la familia afronta con preocupación la posibilidad de quedarse sin hogar en pocas semanas, con tres menores a su cargo y sin una alternativa habitacional clara.
David Jiménez Martínez y Verónica Montolla Gabarre, matrimonio con tres hijos de 15, 10 y 3 años, se enfrentan a un procedimiento de desahucio del piso de alquiler en el que residen desde hace cuatro años en la barriada de Los Bloques del barrio de Santa Catalina, en Aranda de Duero.
Según relatan, durante los dos primeros años de contrato abonaban la renta mensualmente en mano al propietario, con el correspondiente recibo. Sin embargo, la situación cambió cuando el arrendador se marchó a su país de origen y dejaron de tener contacto directo para realizar los pagos.
Tiempo después, el propietario regresó y comunicó a la familia su intención de recuperar la vivienda para realizar obras, instándoles a abandonar el inmueble. Desde entonces, aseguran no haber podido regularizar la situación ni continuar abonando el alquiler, al no haberse ofrecido una alternativa contractual.
La familia sostiene que ha intentado encontrar otra vivienda en alquiler, pero no ha logrado acceder a ninguna debido a los elevados precios del mercado y a la falta de ingresos estables. Actualmente perciben en torno a 1.800 euros mensuales de la ayuda de ingreso mínimo vital, pero no cuentan con empleo ni otras prestaciones.
Hace pocos días se celebró un juicio verbal de desahucio, tras el cual todo apunta a que deberán abandonar la vivienda en las próximas semanas. Ante esta situación, han acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde se ha emitido un informe técnico en el que se reconoce una situación de vulnerabilidad social y económica.
No obstante, la familia asegura que se les ha trasladado que las opciones de acceso a una vivienda social o a una solución temporal será muy difícil.
Mientras esperan una resolución definitiva, la familia afronta con preocupación la posibilidad de quedarse sin hogar en pocas semanas, con tres menores a su cargo y sin una alternativa habitacional clara.