¿Qué está pasando con los trabajadores municipales?
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En Aranda de Duero ha vuelto a estallar un problema que en realidad viene de lejos. El asunto gira en torno al puesto de Oficial Mayor del Ayuntamiento, una figura administrativa que arrastra conflictos desde 2017 y que la pasada semana volvió a ser motivo de bronca en la comisión de Personal. La cita era importante: se trataba de decidir si se ejecutaba un auto judicial que ordena valorar de manera objetiva ese puesto. El equipo de gobierno lo defendía, pero los concejales de PP y PSOE votaron en contra y bloquearon la propuesta.
Podría parecer un debate menor, un simple rifirrafe burocrático, pero no lo es. Lo curioso es que el trabajador afectado ni está pidiendo un aumento automático de sueldo ni la creación de un nuevo cargo, como se ha insinuado. Lo único que reclama (y lo que exige la sentencia) es que se reconozcan las funciones que en realidad lleva a cabo, ya que actualmente es el único trabajador de la RPT que no las tiene reconocidas, aunque son evidentes como por ejemplo tareas de colaboración y sustitución de la Secretaría General. Nada más y nada menos, resaltar que en el ayuntamiento tenemos muchos trabajadores municipales en la misma situación, y no uno ni dos, muchos …
Esa exigencia no surge de la nada. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la valoración inicial del puesto porque ignoraba parte de esas funciones. Años después, en 2024, hubo incluso un acuerdo de mediación para cerrar el conflicto. Pero el pacto duerme en un cajón. Y no cumplirlo no es gratis: el Ayuntamiento se arriesga a una ejecución forzosa y, peor aún, a que tanto la institución como los concejales que bloquean el proceso se vean envueltos en responsabilidades económicas o penales.
Lo que tendría que resolverse como un trámite técnico ha acabado convertido en un pulso político. El resultado: más parálisis y una nueva muestra de que, en Aranda de Duero, la gestión municipal se confunde demasiado a menudo con la pelea partidista.
Ahora bien, conviene levantar la mirada. Este caso del Oficial Mayor no es solo un episodio aislado, sino el reflejo de un problema enquistado en la administración local. No es raro encontrar funcionarios que, durante años, asumen funciones de categoría superior sin que el puesto salga nunca a concurso público. Y cuando digo años no exagero: hay casos que se han prolongado hasta una década.
La legislación, sin embargo, es clara. El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 39.2 que si alguien desempeña tareas de categoría superior durante más de seis meses en un año (o más de ocho en dos), la situación debe regularizarse mediante ascenso, convocatoria o el correspondiente reconocimiento salarial. Y en el ámbito público, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) recuerda que las funciones reservadas a categorías concretas —como las de habilitación nacional— no pueden ser desempeñadas indefinidamente por quien no ostente ese rango, salvo de forma temporal y justificada.
El mismo TREBEP, en su artículo 10, añade que la interinidad tiene un límite máximo de tres años y debe obedecer a causas muy concretas: cubrir vacantes, sustituciones transitorias, programas temporales o acumulación de tareas. Todo lo que se salga de ahí es FRAUDE DE LEY. Y sin embargo, en Aranda de Duero se ha acabado normalizando.
¿Qué deja entonces este caso? Tres lecciones sencillas:
- Las sentencias judiciales se cumplen. No hay margen para la interpretación política.
- Los puestos técnicos no son fichas de un tablero político. Los funcionarios no pueden ser rehenes del relato de turno.
- El Ayuntamiento debe convocar y regularizar plazas. No es aceptable que alguien esté diez años haciendo un trabajo que no se corresponde con su categoría, ni es justo para las personas que pueden optar a ese puesto que no se las permita la promoción solo por “amiguismos” o comodidad del concejal de turno, y esto, no esta vinculado a la RPT ya que esos puestos ya están en la RPT vigente por lo que se podrían sacar sin ningún problema.
En Aranda de Duero ha vuelto a estallar un problema que en realidad viene de lejos. El asunto gira en torno al puesto de Oficial Mayor del Ayuntamiento, una figura administrativa que arrastra conflictos desde 2017 y que la pasada semana volvió a ser motivo de bronca en la comisión de Personal. La cita era importante: se trataba de decidir si se ejecutaba un auto judicial que ordena valorar de manera objetiva ese puesto. El equipo de gobierno lo defendía, pero los concejales de PP y PSOE votaron en contra y bloquearon la propuesta.
Podría parecer un debate menor, un simple rifirrafe burocrático, pero no lo es. Lo curioso es que el trabajador afectado ni está pidiendo un aumento automático de sueldo ni la creación de un nuevo cargo, como se ha insinuado. Lo único que reclama (y lo que exige la sentencia) es que se reconozcan las funciones que en realidad lleva a cabo, ya que actualmente es el único trabajador de la RPT que no las tiene reconocidas, aunque son evidentes como por ejemplo tareas de colaboración y sustitución de la Secretaría General. Nada más y nada menos, resaltar que en el ayuntamiento tenemos muchos trabajadores municipales en la misma situación, y no uno ni dos, muchos …
Esa exigencia no surge de la nada. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la valoración inicial del puesto porque ignoraba parte de esas funciones. Años después, en 2024, hubo incluso un acuerdo de mediación para cerrar el conflicto. Pero el pacto duerme en un cajón. Y no cumplirlo no es gratis: el Ayuntamiento se arriesga a una ejecución forzosa y, peor aún, a que tanto la institución como los concejales que bloquean el proceso se vean envueltos en responsabilidades económicas o penales.
Lo que tendría que resolverse como un trámite técnico ha acabado convertido en un pulso político. El resultado: más parálisis y una nueva muestra de que, en Aranda de Duero, la gestión municipal se confunde demasiado a menudo con la pelea partidista.
Ahora bien, conviene levantar la mirada. Este caso del Oficial Mayor no es solo un episodio aislado, sino el reflejo de un problema enquistado en la administración local. No es raro encontrar funcionarios que, durante años, asumen funciones de categoría superior sin que el puesto salga nunca a concurso público. Y cuando digo años no exagero: hay casos que se han prolongado hasta una década.
La legislación, sin embargo, es clara. El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 39.2 que si alguien desempeña tareas de categoría superior durante más de seis meses en un año (o más de ocho en dos), la situación debe regularizarse mediante ascenso, convocatoria o el correspondiente reconocimiento salarial. Y en el ámbito público, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) recuerda que las funciones reservadas a categorías concretas —como las de habilitación nacional— no pueden ser desempeñadas indefinidamente por quien no ostente ese rango, salvo de forma temporal y justificada.
El mismo TREBEP, en su artículo 10, añade que la interinidad tiene un límite máximo de tres años y debe obedecer a causas muy concretas: cubrir vacantes, sustituciones transitorias, programas temporales o acumulación de tareas. Todo lo que se salga de ahí es FRAUDE DE LEY. Y sin embargo, en Aranda de Duero se ha acabado normalizando.
¿Qué deja entonces este caso? Tres lecciones sencillas:
- Las sentencias judiciales se cumplen. No hay margen para la interpretación política.
- Los puestos técnicos no son fichas de un tablero político. Los funcionarios no pueden ser rehenes del relato de turno.
- El Ayuntamiento debe convocar y regularizar plazas. No es aceptable que alguien esté diez años haciendo un trabajo que no se corresponde con su categoría, ni es justo para las personas que pueden optar a ese puesto que no se las permita la promoción solo por “amiguismos” o comodidad del concejal de turno, y esto, no esta vinculado a la RPT ya que esos puestos ya están en la RPT vigente por lo que se podrían sacar sin ningún problema.